WCw on el inicio, el próximo fin de semana, de la Liga de fútbol también se pone en marcha en España una destacada novedad tecnológica en el ámbito de la comunicación y el ocio: la televisión digital terrestre (TDT) de pago. La emisión televisiva por el viejo sistema analógico --la tele de toda la vida-- está siendo sustituida de forma progresiva por la digital, que dentro de apenas nueve meses será la única existente. De hecho, en varias zonas de España y Extremadura ya solo se puede captar ese tipo de señal. En este contexto de revolución tecnológica, que algunos de los numerosos canales que la TDT permite sintonizar en los hogares sean de pago es razonable, entre otros motivos porque el coste de las infraestructuras de la TDT no es trivial y porque el entretenimiento --que es básicamente lo que ofrecerán los canales que establezcan cuotas para su visionado-- es un producto industrial-cultural que no escapa a las leyes del mercado. Si ya tenemos tele de pago en otros soportes, como el satélite, el cable o la línea telefónica, nada puede objetarse a que también lo haya en la TDT.

El procedimiento elegido por el Gobierno para regular la tele digital de pago, el decreto ley, no ha sido el más adecuado, por cuanto esa vía está pensada para situaciones excepcionales imprevistas y que no admiten ningún tipo de demora. Si bien es cierto que hay que actuar con celeridad para lograr la mayor efectividad posible en la implantación de la TDT ante el apagón analógico --y el indudable atractivo de la oferta de los canales de pago ayudará a ese objetivo--, lo que le correspondía al Ejecutivo era haber tomado la iniciativa hace ya tiempo, sin que la vía libre que dio hace solo dos semanas desprendiera ese aire de precipitación de las decisiones de última hora. En este sentido, probablemente la vía más indicada habría sido regular las emisiones de pago de la TDT al mismo tiempo que la norma general de la propia televisión digital, y mejor aún en el marco de la ley general audiovisual que el Gobierno ya debería haber remitido al Congreso.

Si el Ejecutivo hubiera hecho los deberes a tiempo y sin improvisaciones, con toda seguridad la implantación de descodificadores y tarjetas para la TDT de pago no tendría los inconvenientes que está experimentando, con muchos ciudadanos interesados sumidos en la confusión y la duda de si sus aparatos actuales son adecuados para ver las emisiones o deben adquirir otro. Un problema que debería haberse evitado.