TAt algunos les vendrá como anillo al dedo, para otros será insuficiente y hay quien incluso pretende no solicitarlo, en un claro gesto de despropósito hacia sus ciudadanos. El Fondo de Inversión Local que acaba de aprobar el Congreso por valor de 8.000 millones de euros es un excepcional impulso para las políticas locales de empleo, especialmente en municipios de pequeño tamaño que casi en el ecuador de la legislatura han visto una gran oportunidad para afrontar muchas de las medidas y acciones que contenían sus programas electorales y por tanto sus compromisos con los ciudadanos. El empleo es el objetivo prioritario de esta inyección de capital en las arcas locales y por tanto, parece justo y razonable que su destino sea el de generar empleo, cuanto más mejor, aunque eso suponga cambiar algunas estrategias y hacer algunos retoques --a priori no previstos-- en los programas políticos con los que se concurrieron a las elecciones.
Los ayuntamientos y sus responsables deben pensar en los ciudadanos, porque está bien que desde los equipos de gobierno municipales se persigan réditos electorales y completar al máximo las promesas electorales, pero ha llegado el momento de ejercer la política con mayúsculas, de establecer las prioridades que los ciudadanos necesitan, y para ello nada mejor que preguntárselo a ellos mismos mediante cualquier fórmula de las muchas posibles. El catálogo de obras que el Real Decreto-Ley 9/2008 contempla como financiables es amplio e intencionadamente ambiguo, lo que posibilita la inclusión de un buen número de proyectos no contemplados en el presupuesto. Pero quienes tienen la responsabilidad de concurrir a las ayudas han de reflexionar y meditar muy bien el destino de las mismas, para que no se les escapen las pequeñas inversiones, que a veces son las más necesarias y urgentes. Me refiero a pequeñas infraestructuras que a veces se olvidan como alumbrado, acerado, alcantarillado, etcétera-, y que el vecindario agradece y valora.
