En España, uno de cada cuatro niños sufre alguna forma de maltrato por parte de sus padres o cuidadores principales y, uno de cada cinco, es víctima de abusos sexuales. Así lo demuestran los rigurosos estudios publicados por equipos de investigación españoles a partir de entrevistas realizadas a los propios niños de nuestro país.

Esta realidad ha dado fuerza a la elaboración de una ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado por el Gobierno de España. La violencia contra la infancia es una cruda realidad que deben afrontar todos los países que pretenden avanzar en el respeto de los derechos humanos y, específicamente, de los derechos de los niños y niñas. Negar su elevada frecuencia solo hace que sus víctimas permanezcan en el silencio y el secreto, lo que supone que no puedan recibir ayuda ni sean tratadas de las múltiples consecuencias adversas que las acompañarán a lo largo de su desarrollo. Porque ser víctima de malos tratos y abusos sexuales en la infancia supone un importante factor de riesgo para problemas de ansiedad y depresión, ideación y conducta suicida, trastornos de la alimentación, alcoholismo, adicción a las drogas, dificultades en el establecimiento de relaciones interpersonales, desconfianza generalizada, bajo rendimiento académico y laboral.