Carles Puigdemont cometió anoche un error que puede tener consecuencias gravísimas. Al amparo de una sociedad catalana en estado de choque tras una jornada de durísima represión policial, y sin ni siquiera esperar a tener los resultados de participación y escrutinio de un referéndum que se llevó a cabo sin garantías democráticas de ningún tipo, el president de la Generalitat inició el proceso para la declaración unilateral de independencia al anunciar que enviará los resultados del 1-O al Parlament para que proceda según lo previsto en la ley del referéndum, que no es otra cosa que declarar la independencia.

Así las cosas, si no hay giros a los que el procés es tan dado, el guión establece que Cataluña proclamaría la independencia por una corta mayoría en el Parlament (71), basándose en el resultado de un reférendum que se llevó a cabo sin censo oficial, sin mesas constituidas y sin sindicatura electoral y bajo la presión de las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todo ello, conviene no olvidarlo nunca, bajo el paraguas de una ley del referéndum aprobada por esos 71 diputados en solitario. El despropósito es de una magnitud jamás vista. En el reparto de responsabilidades, la de Puigdemont no es pequeña. Ni siquiera después de una jornada en la que la política de Mariano Rajoy hacia Cataluña quedó tan duramente retratada.

El anuncio de Puigdemont, rodeado del Govern en pleno, puso la rúbrica a un día que escenificó el gran fracaso colectivo en que se ha convertido la cuestión del encaje de Cataluña en España. El 1-O fue una jornada de infamia, de enfrentamiento entre miles de ciudadanos que pretendían votar y los antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional para reprimir a una multitud pacífica compuesta en muchos casos por familias y ancianos. El motivo y la propia naturaleza del referéndum pasó a un segundo plano ante escenas de violencia policial propias de otras épocas, y que dejan dos fotos fijas de enorme calado: la determinación -socialmente transversal, no circunscrita tan solo al mundo independentista- de una gran parte de la sociedad catalana a decidir en las urnas su encaje con España, y la represión (amparada en procesos judiciales dentro del Estado de Derecho, pero desproporcionada y fuera de lugar) como única respuesta de Rajoy.