WEwl asesinato de un joven ha desatado la reacción crispada de un heterogéneo sector de ciudadanos de la población barcelonesa de Berga. Afloran desajustes sociales latentes --algunos de corte generacional, otros de signo más local-- que complican la resolución de un caso que ya está en manos de la justicia. A las broncas contra los Mossos, pese a que los datos objetivos de lo sucedido no reflejan negligencias graves suyas, les han seguido una serie de manifestaciones para presionar a la juez.
Estas injerencias, que serán investigadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han sido apoyadas irresponsablemente por cargos comarcales de CiU que, en lugar de apaciguar los ánimos, los han encrespado, dentro de una espiral de puro partidismo. Ahora los amenazados son los familiares de los agresores y sus abogados.
Berga vive un problema de convivencia que debió cortarse de raíz hace ya unos cuantos años, sin esperar a que muriese un joven. Ahora tiene que ser abordado y resuelto con seriedad. En estos momentos es imposible devolver la vida a la víctima, pero resulta imprescindible que nadie obstruya a la justicia y que no se siembren otros problemas --mas difíciles todavía-- cara al futuro de esta ciudad.
