Vista con la perspectiva que dan los años, la historia de la lucha contra ETA ha estado plagada de dificultades en el terreno de la política exterior y, más concretamente, en el de las relaciones entre España y Francia. Basten solo dos datos: la primera extradición de un etarra desde el país vecino se produjo en 1984, seis años después de aprobada la Constitución democrática; la primera extradición por "pertenencia a banda armada" no llegó hasta 10 años después. Es decir, Francia fue un santuario de ETA durante demasiado tiempo y eso permitió que sus comandos actuaran con intolerable libertad de movimientos. El esfuerzo de los gobiernos españoles para convencer a sus aliados del norte de que la acción terrorista no obedecía a razón alguna sostenible desde el plano de la política o de los derechos ciudadanos ha recibido en demasiadas ocasiones portazos desde los muy prepotentes despachos de París. La consolidación democrática en España y el posterior ingreso en la Europa sin fronteras, la creciente conciencia de la barbarie y la sensación de que las reivindicaciones de los etarras acabarían sembrando la violencia en el País Vasco francés permitió dar un giro irreversible que fue el principio del fin de ETA. El acuerdo alcanzado ahora por el presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, para crear un equipo policial permanente para perseguir a la banda terrorista es un paso más en esa buena dirección. Los recientes éxitos contra ETA han sido posibles gracias a la colaboración de Francia. Este nuevo paso dado por un Sarkozy, convertido en providencial aliado, permite pensar en la derrota policial de ETA.
