La exhumación de Franco del Valle de los Caídos está en manos de seis magistrados del Tribunal Supremo, que decidirán hoy el destino de los restos del dictador. Terminará así un culebrón que dura más de un año, ya que el traslado fue anunciado nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa en junio del 2018 y después se fijó incluso una fecha, el 10 de junio pasado, que los sucesivos recursos de la familia impidieron que se cumpliese. La decisión favorable a la exhumación no parece plantear dudas, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, que determina que en el Valle solo puede haber restos de caídos en la guerra civil, lo que no es el caso de Franco. Más peliaguda parece la decisión de dar la razón al Gobierno o a la familia sobre el destino final de los restos. Aquí las opiniones del Supremo parece que están divididas, aunque los argumentos del Gobierno son sólidos para rechazar que Franco sea enterrado en la catedral de la Almudena. El Ejecutivo se opone por motivos de seguridad y de orden público, que podría resultar alterado por enfrentamientos entre partidarios y contrarios del dictador en pleno centro de Madrid, con el agravante de que las fuerzas de seguridad no podrían intervenir al tratarse de un lugar de culto. Pero aún hay otro argumento que por sí solo debería bastar: la inhumación en la Almudena podría espolear a los ultras y, sobre todo, constituiría una ofensa a las víctimas del franquismo y a sectores sociales y políticos. Si los restos fueran a la Almudena, el propósito de la inhumación (convertir el valle en un lugar de concordia) quedaría desvirtuado y solo se lograría trasladar al centro de Madrid la ignominia de que el dictador siga enterrado en un mausoleo público. El TS debe, pues, autorizar la exhumación para enterrar a Franco en el cementerio de El Pardo o en un lugar de similares características.
