Catedrático de Política Económica

Aceptaría usted pagar por un paquete de seis cervezas cuando en realidad sólo se lleva cuatro? Imagínese cómo se pondría. Sin duda, no pasaría por esa estafa de que le cobrasen por algo que no ha consumido o utilizado.

Sin embargo, en nuestra vida cotidiana hay muchos ejemplos de estas conductas abusivas por parte de los vendedores, en las que éstos actúan de forma fraudulenta, perjudicando a los consumidores y beneficiándose a sí mismos. Podría parecer que son fraudes insignificantes en los que no hay que perder el tiempo en protestar porque las cantidades que pagamos de más en cada ocasión son pequeñas. Pequeñas sí, como el ajuste al alza en el precio en euros de las cosas que compramos diariamente, pero al final del mes o del año representan pérdidas importantes para el bolsillo de los consumidores y unos buenos beneficios injustos para los vendedores.

Una de estas prácticas abusivas que siempre me ha irritado especialmente es la de tener que pagar por una hora de plaza de aparcamiento cuando en realidad he estado ocupándola 15 o 35 minutos.

¿Por qué la unidad de pago es una hora, y no media hora, un cuarto de hora o cinco minutos? ¿En qué argumentos técnicos, económicos o empresariales se apoya esta práctica de cobrar por unidades de hora? Entiendo que en un cine me cobren por la función completa, aunque me salga después de los anuncios, pero no que me cobren por horas en los aparcamientos. Antes podría tener una cierta justificación para favorecer el cálculo del empleado encargado de cobrar. Pero con la tecnología actual no hay razón de ningún tipo para no cobrar estrictamente por el tiempo consumido.

Además, en este caso, se trata de un fraude por partida doble. Primero, porque cobran por una hora de plaza cuando sólo se ha ocupado menos; segundo, porque esa misma plaza la vuelven a vender a un tercero, cuando en realidad hasta el final de la hora es del primer ocupante. Al menos en el cine si quiero siempre puedo salir un momento al hall y volver a entrar sin que la empresa haya vuelto a vender mi butaca. O como en el caso de los párkings públicos en la calle, que siempre puedo dejarle a alguien el tíquet con el tiempo sobrante.

¿Por qué consentimos esta práctica abusiva? Por dos motivos. El primero, es que los españoles no somos consumidores o ciudadanos exigentes. ¿Se acuerdan de aquel ciudadano que litigó con el Ministerio de Hacienda en la época de los socialistas porque le obligaban a hacer la declaración conjunta con su esposa cuando en realidad se había casado unos días antes de acabar el año fiscal? Su acción quijotesca consiguió que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la obligación de declarar de forma conjunta, y permitió que los demás ciudadanos elijamos la declaración conjunta o individual según nuestra conveniencia.

El segundo, y más importante, motivo del porqué se mantienen estas prácticas fraudulentas es porque en muchos casos están amparadas por la pasividad de las autoridades públicas o por alguna decisión administrativa de dudosa legalidad. Si las autoridades encargadas de velar por el interés general de los consumidores y usuarios y por la competencia en los mercados no dan amparo, ya sea con sus decisiones o con su pasividad, a estas conductas, difícilmente las podrán mantener las empresas.

Por eso quiero hacer aquí un elogio a la ministra Ana Pastor, que hace unos días ha señalado que esta conducta de los aparcamientos es una práctica abusiva, y ha decidido que su ministerio, en colaboración con los órganos de consumo de las comunidades autónomas, va a acabar con ella. Vaya mi aplauso por esa decisión y el deseo de que llegue a buen término, ya sea por la vía legislativa o por la vía judicial, como sucedió con la sentencia que declaró nula la cláusula de redondeo al alza realizada por los bancos en los préstamos hipotecarios a tipo variable.

La Administración pública sólo justifica su existencia en la defensa del interés general. Tenemos, y pagamos con nuestros impuestos, órganos administrativos estatales, autonómicos y locales de defensa de los consumidores, y tribunales de defensa de la competencia para que de oficio desarrollen esa labor de defensa del interés general. Si los funcionarios encargados de estos organismos no hacen esta labor, ya me dirán para qué están y por qué les mantenemos.