WLw as llamas de Galicia han dejado en evidencia el exceso de burocracia administrativa en detrimento de la eficiencia técnica. Mientras los bosques ardían ante la desesperación de miles de vecinos, los dirigentes políticos se despellejaban. El PP acusó al PSOE de desmontar el dispositivo antiincendios del Gobierno de Manuel Fraga, y lo calificó de incompetencia y negligencia. Pero, en el otro lado, con el verbo calentado por las brasas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, llegó a insinuar que el desastre no solo era obra de pirómanos, sino que había detrás una trama criminal a la que no eran ajenos los expertos rurales contratados en su día por el Ejecutivo autonómico del PP, y despachados luego por la Xunta socialista, cuyo presidente, Emilio Pérez Touriño, se ha limitado a pedir socorro.
El fuego es ya de por sí peligroso como para que los responsables de coordinar su extinción se lo echen unos a otros pensando que así no se quemarán tanto. Por ejemplo, con el baile de cifras. El PSOE ha tirado por lo bajo, el PP ha doblado la superficie siniestrada --esgrimiendo datos de satélites de la NASA--, y en medio, pero con datos mucho más próximos a los de la Xunta, ha quedado la UE. En cualquier caso, las catástrofes naturales son siempre mucho más importantes que las excusas de los políticos para salvar su imagen. Unos políticos que, en vez de discutir, tendrían que haber unido esfuerzos para prevenir esos incendios.
