Tras año y medio de vicisitudes, altibajos, sorpresas y más de un susto, parece que se puede afirmar que la batalla entre empresas nacionales e internacionales por hacerse con el control de Endesa entra en su recta final. Tres de las cuatro compañías que se han batido el cobre por la antigua eléctrica pública española han sellado un acuerdo que, con todas las cautelas del mundo porque ayer mismo fue criticado por el presidente de E.ON, podría calificarse de razonable.

Es razonable porque la sede de Endesa se queda en España, la compañía no se despedaza, no se trocea, como ha enfatizado el ministro de Industria, Joan Clos, aunque tampoco --y eso era inevitable, después de todo lo pasado desde el lejano día en que Gas Natural pujara por ella-- seguirá como hasta ahora: pierde algunos de sus activos y da marcha atrás en su expansión europea. Habría que recordar a quienes estos últimos días se han llevado las manos a la cabeza tras conocer los términos del acuerdo que el futuro de esta empresa estaba sentenciado. Si Gas Natural hubiera triunfado en su lance de septiembre del 2005, habría tenido que desprenderse de activos de Endesa por valor de 9.000 millones de euros --cuando la firma se valoró en 21.500 millones--, cuya venta a Iberdrola ya había sido pactada. En el pacto a tres bandas del lunes, el grueso de las cesiones a E.ON es Viesgo, una eléctrica propiedad de la italiana Enel, que de esta forma consigue eludir las incompatibilidades que la legislación española impone a quien tiene presencia accionarial en dos o más compañías energéticas.

El acuerdo tampoco olvida a los accionistas. Acciona y Enel ratifican su compromiso de lanzar cuanto antes una opa sobre la totalidad de las acciones de Endesa --ya tienen más del 46%-- a un precio mínimo de 41 euros, más los intereses devengados desde que se anunció por primera vez --hace 11 días-- y el momento en que se haga efectiva.

Los últimos flecos de la negociación han coincidido con otro hecho relevante, y es que apenas horas antes de conocerse el desenlance final de las opas, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había anunciado que renuncia al cargo. Manuel Conthe había tratado de apretar las clavijas desde el organismo regulador a Enel y Acciona, pero no logró el consenso de sus compañeros del consejo de administración, su posición quedó en minoría y, por si fuera poco, en la acera de enfrente a la del Gobierno. La conducta coherente, en estas condiciones, era la que Conthe tomó: la renuncia, porque fue el Gobierno quien le nombró para el cargo. Es verdad que se trata de un órgano regulador que debe ser independiente del Ejecutivo, pero también es cierto que el pulso de Conthe con el Gobierno le ha llevado a imponer algunas medidas poco razonables, como obligar a Acciona y a Enel a lanzar su opa seis meses después de que finalizara la de E.ON. Ejercía su soberanía ante el Ejecutivo, pero nada más. El acuerdo presentado pone en evidencia la falta de sentido de la imposición de la CNMV.