EL FUTURO MODELO FERROVIARIO

Actualmente la ley del sector ferroviario se encuentra en trámite parlamentario, más concretamente en el Senado, y no se prevé que el texto definitivo que esta cámara remita al congreso para su aprobación difiera en lo sustancial de lo que es hoy el proyecto de ley. Respecto al modelo organizativo la futura ley consagra un modelo de separación institucional, en el que las actividades relacionadas con la infraestructura y la operación de transporte son desarrolladas por entidades independientes. Desde mi punto de vista, este modelo debe ser rechazado, tanto desde una perspectiva estrictamente organizativa, por las ineficiencias que surgen a la hora de armonizar un principio fundamental en el transporte ferroviario como es el de la interacción de la infraestructura y operación de transporte, como desde una perspectiva más política y social, pues la separación institucional de actividades es el paso previo y necesario para privatizar aquéllas que sean lucrativas y abandonar las deficitarias. Con lo que ello supone de menoscabo para la sociedad en general, para Extremadura en particular, ya que las líneas que existen son de débil tráfico, sin olvidarnos del conjunto de trabajadores ferroviarios.

Mención especial hay que hacer en estas reflexiones al reparto de activos que de la actual Renfe deben asignarse a las entidades resultantes. A este respecto debo destacar la lamentable indefinición que mantiene la dirección de Renfe que, lejos de cumplir con diligencia la obligación de prepararse para la futura liberalización del ferrocarril, aún no ha movido pieza. Cuestiones como la futura estructura organizativa de Renfe operadora, las unidades de negocios que van a formar parte de ésta, los trabajadores que serán transferidos o la ausencia de un plan de empresa tendente a la viabilidad del negocio de la operación de transporte están aún por definir. Siendo respetuoso con el Estado autonómico que consagra la Constitución entiendo que los distintos entes que configuran la estructura territorial del país deben ejercer sus respectivas cuotas de participación, de forma que garanticen una organización integrada del sistema de transportes. La gran mayoría de los procesos de liberalización que se han acometido en otros países de Europa han considerado la realidad regional y sus competencias, cuestión que el Gobierno, con una visión miope de la explotación ferroviaria ha obviado en el desarrollo del proyecto de ley. De esta forma, se potenciaría la presencia de las comunidades autónomas en la ordenación del transporte, asumiendo éstas más competencias. Los modelos regionalizados a los que hago referencia, pueden ser desarrollados a través de consorcios o sociedades participadas por entidades locales o autonómicas competentes, la empresa o empresas operadoras prestadoras de servicios, y el Estado en la figura del Ministerio de Fomento o el propio administrador de la infraestructura, en el caso de que se consagre la separación institucional en el nuevo modelo ferroviario, estas entidades serían las que decidirían las medidas de actuación. Desde UGT creemos que no debemos centrarnos en exclusividad en el debate AVE sí, AVE no, y trabajar en la línea de que en el futuro, el ferrocarril sea un proyecto solidario, y no existan agravios comparativos entre zonas rurales y grandes ciudades.