Qué pensaba Puigdemont y su séquito, que el Estado iba de guasa? ¿Qué este desafío ilegal del que han sido protagonistas les iba a salir gratis desde el punto de vista judicial? ¿Que la convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Rajoy era una especie de borrón y cuenta nueva o bálsamo de Fierabrás para retrotraerles a antes del 1 de Octubre?
Seamos serios. Se supone que en este país existe separación de poderes y, ante un delito de esta naturaleza, con su principal inculpado fugado y escondido en Bruselas, una de las opciones posibles de la magistrada que les juzga en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, era mandarles a prisión incondicional. Porque dejémonos de tonterías, tarde o temprano algunos de ellos, sino todos, van a acabar en la cárcel dada la gravedad de los delitos cometidos: rebelión, sedición y malversación de caudales. Sin embargo, es verdad que ha sorprendido la rapidez de actuación de la jueza, sin tiempo material a las defensas para preparar su estrategia y en contraposición al Tribunal Supremo, cuyo titular, en este caso el magistrado Pablo Llarena, ha dado una semana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de la Cámara catalana para estudiar su causa antes de decidir.
¿Dos varas de medir? ¿Justicia dura y ejemplarizante por un lado, y blanda y condescendiente por otro en dos órganos judiciales que deben decidir el mismo día? Quizás este sea el error, el argumento al que se van a agarrar muchos para criticar el auto judicial, mandar a la cárcel a unos en la Audiencia Nacional y no a otros en el Tribunal Supremo cuando se le imputan los mismos delitos. Aunque en el primer caso se haya justificado el riesgo de fuga basándose en la huida del propio Puigdemont, escondido y agazapado en Bélgica, en el argumentario independentista ya pueden aparecer la palabras desproporción o revanchismo, como si el Estado actuara con un solo brazo, en este caso armado y judicial, para darle capones a todo el que osa retarle.
Siempre que digo que la Justicia y la Política están separados porque España es un país democrático alguien me recuerda que existen puentes entre ambos poderes dado que a los primeros los nombran los segundos. Y no seamos ingenuos, aunque la justicia debe tener sus tiempos y no mirar calendarios electorales se están creando mártires y ello es muy perjudicial para las fuerzas constitucionalistas en Cataluña y demasiado beneficioso para los independentistas cuyo único argumento es la represión que ejerce el Estado sobre un territorio.
Ya dije la semana pasada que la actuación de Rajoy aplicando el 155 y convocando elecciones autonómicas en 55 días fue muy buena para silenciar al independentismo, que ni siquiera se movilizó contra la maniobra del Gobierno, pero la decisión de la Audiencia Nacional del jueves lo que ha hecho es alentarlo como la gasolina a la lumbre. La causa catalana necesitaba de argumentos que justificaran su acción anterior cara a las urnas y meter a todo un gobierno nacionalista en prisión lo es dado que se transforma el 21-D en una especie de plebiscito contra del gobierno central. ¿Frente a la libertad de personas qué se ofrece? ¿Cabe mejor eslogan cara a un electorado que puede sentirse atacado por las fauces del todopoderoso Estado?
Los españoles en general y buena parte de los catalanes están cansados de todo este proceso y lo que quieren es recobrar la calma y la normalidad de antes de la deriva independentista, situar el nacionalismo en el marco constitucional donde estaba, y pasar página. Pero la humillación de todo un gobierno o de toda una mesa del Parlamento si llega el caso resulta demasiado goloso electoralmente y se presta a su explotación demagógica, algo a lo que no se está dispuesto a renunciar.
La Justicia ha entrado en las elecciones se quiera o no y su acción puede politizarse por algunos y de hecho ya se ha realizado convocando una huelga general o distintas movilizaciones callejeras. Llegados a este punto pienso que quizás hubiera sido más pertinente dictar medidas cautelares más blandas o livianas mientras se instruye la causa. La retirada del pasaporte o las comparecencias semanales en el juzgado hubieran bastado. Seguro que no se encendía la calle y seguro también que las elecciones del 21-D se desarrollarían por cauces muy diferentes.
