La gestión pública y privada de la educación, la sanidad, o el resto de los servicios de atención al ciudadano conviven en nuestra economía, compitiendo a veces entre sí por prevalecer. No es para menos si tenemos en cuenta que esta disputa responde a dos concepciones ideológicas, a la par que a una cuestión de intereses. Los partidarios de cada uno de estos planteamientos alegan numerosos argumentos para defender su opción, pero yo no voy a discutir cuál es mejor, y no por falta de compromiso, sino porque acaso las verdades absolutas escasean y en ambos sistemas podríamos encontrar ventajas e inconvenientes. Resulta mucho más práctico analizar cuál de ellos es, en cada caso, el más adecuado. Porque, indudablemente, no es lo mismo vender coches, o jabón, que ofrecer asistencia sanitaria, pues mientras la asistencia sanitaria es un servicio básico que todos tenemos derecho a disfrutar con unos niveles de calidad determinados, la compra de una colonia o de un videojuego es una opción que para nada se contempla como necesidad básica, y de la que se puede prescindir sin perjuicio alguno para la comunidad.
En efecto, ser beneficiario de ciertos servicios públicos es un derecho y, partiendo de ahí, la prestación de los mismos no se puede convertir en un negocio, que es la finalidad de cualquier empresa y su razón de existir, por muchas ventajas económicas que pudiera acarrear.
Si empezamos por determinar qué servicios públicos son básicos, veremos que en este tema no es nada fácil ponerse de acuerdo, y de hecho cada país determina unos diferentes según los planteamientos ideológicos de su gobierno y teniendo en cuenta las diversas condiciones de vida de la población, así como los recursos de partida; En consecuencia, hay que atenerse a un determinado marco jurídico, como puede ser la Constitución, un estatuto de autonomía, o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, resultando más práctico analizar, uno a uno, aquel que nos preocupa en cada momento.
Hablemos entonces de servicios concretos como son la asistencia sanitaria, la educación, el agua, el saneamiento público, la vivienda, el transporte urbano, o el servicio de limpieza y de recogida de basura.
XSUPONGAMOSx, por ejemplo, el caso de un ayuntamiento que partiendo de un proyecto, basado en unos mínimos de calidad prefijados, se propone prestar directamente un servicio de limpieza y recogida de basura, utilizando su propio personal, y su propia gestión, presupuestándolo en una cantidad determinada tras un estudio. Es evidente que si el servicio se ofreciera a través de una empresa concesionaria, la empresa en cuestión habría de señalar unos márgenes de beneficio por dicha gestión, que por pequeño que fuera implicaría, o que el servicio se encareciera o que se tuvieran que reducir gastos de otras partidas, como podrían ser nóminas, seguridad, o controles de calidad, sin ir más lejos, empeorando la calidad del mismo o las condiciones laborales de los que lo prestan. Es cierto que el coste del servicio en ambos casos debería ser el mismo, para un proyecto concreto, si partimos del mismo número de trabajadores empleados, e idénticas condiciones laborales incluyendo cotizaciones, jornada laboral, seguridad e higiene en el trabajo, formación, permisos o retribuciones, el control de calidad, referido a todo el proceso, y otros recursos, como instalaciones, máquinas, o herramientas. Pero en el caso de concesión, a esto hay que sumar unos beneficios empresariales, por muy limpio que juegue el empresario. Por tanto, o el servicio es más caro, o hay que reducir personal, o retribuirles peor, a costa de la calidad del servicio. Esto es así necesariamente, y aunque se trate de una gestión nítida, y sin que medien los habituales chanchullos y escándalos que cada día se cuelan en los periódicos.
Y si hablamos de enseñanza, y nos referimos a la concertada, de igual modo tenemos una empresa, que independientemente que funcione como SL, o como cooperativa, necesita un margen de beneficios que hay que sacar de aumentar la ratio, ahorrar en instalaciones y material, o empeorar, como siempre, las condiciones laborales del personal: es decir bajando, como en el caso anterior, la calidad del servicio.
Si hablamos de sanidad, estamos en las mismas, y lo mismo me da si hablamos del abastecimiento de agua potable , porque a veces lo barato sale caro , y no se puede ahorrar a costa de un servicio público.
En cuanto al riesgo de corrupción, a los hechos me remito, y recomiendo como ejemplo el Informe Global de la Corrupción 2006 de Transparency International, en el que se determina que la corrupción en servicios médicos en países desarrollados como Estados Unidos, es entre el 5 y el 10%, de todo su presupuesto sanitario, considerando como uno de los principales factores de riesgo las dificultades de control de ciertos sistemas de gestión, escapando la privada mucho más fácilmente a este control. Y esa es la cuestión: ¿Gestión pública o gestión privada?
*Profesora de Secundaria
