Insiste el Gobierno en la reforma lingüística de la Constitución, año y medio después de solicitar a la RAE, sin éxito, un informe sobre el lenguaje inclusivo con que debería reescribirse. Se trataría de sustituir el texto actual por un texto que «incluya a las mujeres», según la vicepresidenta Carmen Calvo, para quien la Constitución está «escrita en masculino» (y Calvo ya reivindicó, siendo ministra de Cultura, la feminización del lenguaje: ahí está aquel inolvidable «Yo he sido cocinera antes que fraila»). No le supondría mucho a la RAE, ciertamente, pues sería un trabajo de imprenta, más que filológico: el trabajo de reemplazar los genéricos «españoles», «trabajadores» o «diputados», entre otros, por «españoles y españolas», «trabajadores y trabajadoras», etc., más algún que otro desdoblamiento imposible, como «portavoces y portavozas», por ejemplo, acuñado por la diputada Irene Montero.

No se entiende, desde luego, que deba hacerse primero una reforma lingüística de la Constitución para reformar luego (o «para poder reformar», mejor, pues se plantea como condición necesaria) el sistema de financiación autonómica, la ley electoral, el Senado o conceptos como «Estado federal», «autodeterminación» o «plurinacionalidad», entre otras cosas, como si la Constitución no pudiera reformarse sin adecuarla antes a un lenguaje que además ha de ser inclusivo (¿y por qué no lírico, por ejemplo, o egocéntrico, o políglota?). Lo que sí se entiende es que exigir primero esa reforma lingüística como actuación previa para la reforma de la Constitución permite al Gobierno declarar su voluntad de reformarla y, al mismo tiempo, atribuir a la RAE la responsabilidad de no poder hacerla mientras no reforme antes el lenguaje. O sea que para algo sirve la RAE: para que el Gobierno exponga su proyecto de reforma de la Constitución y, a la vez, para que pueda aplazarlo, incluso ignorarlo. Muy útil para negociar partidas de poder o, como ahora, para tratar con nacionalistas.

El desdoblamiento del lenguaje no es irrelevante para reformar la Constitución. De hecho, todos los males de la Constitución le vienen de no poder decir «todos y todas».

*Funcionario.