WEw l Gobierno de José Antonio Monago ha decidido hacer modificaciones en la imagen corporativa de la institución que preside y va a sustituir la denominación 'Junta de Extremadura' por 'Gobierno de Extremadura' en cuantos anuncios, carteles, edificios, vehículos, etc. sean de su competencia, de tal manera que a partir de ahora allí donde ponía 'Junta de Extremadura' pondrá 'Gobierno de Extremadura'.

Este cambio no es cosmético. No se reduce a una leve variación en la imagen del Ejecutivo regional, sino que afecta a una de las señas de identidad de la región, para sus ciudadanos y también para los de fuera: nada menos que a su nombre. Junta de Extremadura es como se le conoce a la institución que rige los destinos de la región antes incluso de que se constituyera en Comunidad Autónoma. Es, además, el que expresa su legitimidad, puesto que es el que emplea el Estatuto para referirse al órgano ejecutivo de la política regional y un nombre de raigambre histórica y común al que tienen otras autonomías, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Galicia.

¿A qué cambiarlo, entonces, aunque solo sea como una especie de 'marca comercial' y no institucional? Las razones para esta modificación tienen que ser, por fuerza, distintas de las recogidas en los párrafos iniciales del decreto publicado en el DOE del pasado martes, puesto que son tan endebles que, incluso, pueden interpretarse justo al contrario del sentido que se les quiere dar. Si en ese decreto se afirma que "el auge de la comunicación ha convertido la imagen gráfica en un referente de primer orden" y que por esta razón para el Gobierno de Extremadura es "prioritario dotarse de instrumentos que reafirmen su identidad al tiempo que faciliten su mejor y más correcta identificación ante los ciudadanos", nada más incongruente con ello que suprimir una imagen ya consolidada que, por eso, los ciudadanos han identificado hace mucho tiempo. No es "prioritario" dotarse de instrumentos que reafirmen la identidad del gobierno regional. Esa 'prioridad' podía tener sentido en las etapas incipientes de la Comunidad Autónoma, pero ya no, puesto que el tiempo y el devenir de la misma han creado y asentado el lógico poso --la imagen, la identidad-- entre los ciudadanos.

El Partido Popular parece tener un inusitado interés en extender la idea de que su llegada al gobierno debe ser entendida como la inauguración de un tiempo nuevo. Pero no un tiempo político nuevo, que es lo que es, sino un tiempo histórico, el comienzo de una era que haga añicos el pasado. Si esa es su verdadera pretensión --por otro lado, legítima-- pero espera que este tipo de modificaciones --y otras como el de cambiar el sitio que han ocupado siempre los grupos parlamentarios en la Asamblea--, ayuden a conseguir ese objetivo alguien debería sacarle de su error. Este tipo de acciones son innecesarios fuegos de artificio que a los ciudadanos, además, irritan porque son entendidas como una pérdida de tiempo que distrae a los responsables de las instituciones del trabajo de encarar los graves problemas que acucian a todo el mundo.