El largo trecho que le queda a España por recorrer para adecuar su legislación a las exigencias del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidad, según ha lamentado este organismo, se acortará en un futuro inmediato con la aprobación por el Gobierno de una serie de medidas de control de los cuerpos de seguridad y de garantías para los ciudadanos. Entre ellas se cuenta la instalación de cámaras en las dependencias de la Policía y de la Guardia Civil donde se encierra a detenidos incomunicados. Una novedad que hasta ahora solo había en las dependencias de la policía autonómica catalana, por iniciativa del actual ´conseller´, Joan Saura, y que le ha valido no pocas críticas, sin más fundamento las más de las veces que dar por supuesto que el escrutinio de las cámaras debilita la eficacia policial y pone su comportamiento bajo sospecha.

Más adecuado se antoja sostener que la colocación de cámaras en instalaciones policiales es, antes que cualquier otra cosa, una garantía suplementaria tanto para el trabajo de los agentes como para la seguridad de las personas sometidas a su custodia. Y, desde luego, un mecanismo de control eficaz para evitar que queden sin castigos desmanes, abusos de poder y falsos testimonios de malos tratos y torturas que con harta frecuencia perturban o, lo que es peor, enturbian la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Al conmemorarse hoy el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede olvidarse que la seguridad jurídica --tanto de los cuerpos policiales como de los detenidos-- forma parte de los mismos. Es más, sin esa seguridad quedaría de todo punto deslegitimado el derecho del Estado a ostentar el monopolio de la violencia, un derecho intrínseco al régimen democrático.

La experiencia que ha habido hasta ahora en las comisarías catalanas demuestra que las cámaras han cumplido una función garantista de primer orden. Lo mismo puede decirse de las instaladas en Madrid, que hasta ahora únicamente se encuentran en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil y en algunos juzgados de la Audiencia Nacional, donde se interroga a los presuntos culpables de terrorismo.

En Cataluña y en Madrid han salido reforzados los funcionarios que se atienen a cuanto prescriben las leyes y, al mismo tiempo, se ha dejado sin efecto, sobre todo en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, la muy extendida práctica entre los acusados de imputar a los agentes prácticas de malos tratos o torturas durante los interrogatorios. Ningún funcionario, sin motivos corporativistas difíciles de explicar, puede sostener que las garantías que se van a implantar perjudican su trabajo.