Paso a paso, el presidente catalán Quim Torra cumple con coherencia lo que él mismo expuso en el Parlamento de esa comunidad durante su sesión de investidura: que la suya es una presidencia provisional, supeditada a las estrategia y circunstancias de Carles Puigdemont y no a las necesidades de Cataluña o las exigencias de la institución de la Generalitat. Su toma de posesión ya fue un acto semiclandestino para reforzar su papel de interino. Su segunda gran decisión, la formación del Gobierno, tiene como objetivo recrudecer el pulso de la Generalitat con las otras instituciones del Estado más que gobernar.

Porque de forma poco efectiva se puede gobernar Cataluña desde Bélgica o desde la cárcel. Torra ha optado por la restitución de cuatro de los miembros del anterior Ejecutivo (Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluis Puig), lo que lleva al enfrentamiento frontal con el Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha anunciado que actuará en caso de que Torra tomase esta decisión.

La estrategia trazada desde Berlín y obedecida por Junts por Catalunya en Barcelona es clara: tensionar aún más la vida política en el estéril terreno del enfrentamiento con el Estado. Se trata de evidenciar la represión, en el argumentario de JxCat. Lo que se logra es agravar aún más una crisis que ya de por sí se está cobrando altas facturas.

El Gobierno catalán pasa varias facturas. De entrada, solo cuenta con tres mujeres, frente a 11 hombres. Después de que Torra en su discurso de investidura hablara de una república feminista, la realidad es que ante la estrategia de confrontación la paridad es un elemento secundario.

El Ejecutivo regional sigue los pasos de la constitución de la Mesa del Parlamento, donde también hay una vergonzante mayoría masculina. Otra factura es la relación con ERC. Los republicanos tienen siete consejerías, pero resulta evidente que este es el Gobierno de Puigdemont, como demuestra el hecho de que al final Comín repita como consejero de Sanidad desde Bruselas pese a la oposición de su propio partido.

Pero la factura mas onerosa la paga la ciudadanía catalana. En un momento en que PP y Ciudadanos compiten para ver quién es mas duro con Cataluña (y arrastran en este peligroso juego al PSOE), la Generalitat no hace otra cosa que echar más leña al fuego. Tanta irresponsabilidad solo lleva a agudizar la crisis.