En menos de 48 horas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han alcanzado un acuerdo para formar un Gobierno de coalición. Lo que durante meses fue un imposible, se ha hecho realidad en un corto periodo de tiempo. Para ello ha sido necesario que Sánchez transigiera en dos hechos (la fórmula de Gobierno de coalición y la presencia en el mismo de Iglesias, como vicepresidente) que en verano eran líneas rojas innegociables. Si entonces los dos partidos hubieran alcanzado este mismo acuerdo, la ciudadanía no hubiera tenido que volver a las urnas, España se habría ahorrado un largo periodo con un Gobierno en funciones y la democracia española no tendría que ver a Vox como tercer partido en el Parlamento, con 52 escaños. PSOE y Unidas Podemos, además, serían más fuertes en el Parlamento. El precio a pagar en esta extraña negociación no ha sido pequeño.

En cualquier caso, el acuerdo es una buena noticia en tanto en cuanto es el primer e imprescindible paso para desbloquear el escenario político en España. Un pacto, además, que ha llegado con celeridad, lo que evita que se repita una negociación casi en directo como la posterior al 28-A y que, en caso de que logre el apoyo parlamentario, normalizará en el Gobierno central lo que ya es habitual en ayuntamientos, autonomías y el resto de Europa: un Ejecutivo de coalición. Ahora bien, los dos partidos deben evitar con lealtad mutua convertir el Gobierno en dos ejecutivos en uno, como temía el PSOE en la anterior negociación. Un Gobierno debe estar cohesionado y unido. Hay ejemplos próximos (en Cataluña, sin ir más lejos, o el de Italia con el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga de Matteo Salvini) de que un Ejecutivo de coalición poco cohesionado equivale a una crisis política permanente y, lo que es peor, a una parálisis que en nada beneficia al país. Las dudas en este sentido de Sánchez tras el 28-A tenían fundamento, la cohesión interna y actuar con una sola voz será uno de los retos de este Ejecutivo si llega a gobernar. Hay trabajo por delante, no basta con un abrazo ante las cámaras.

El acuerdo es un pacto de coalición «progresista» para toda la legislatura que marca a grandes trazos, sin entrar en el detalle de políticas concretas, las prioridades en materias como economía, empleo, lucha contra el cambio climático e igualdad. En materia económica, España necesita trabajar en el marco de las directrices de la Comisión Europea, un hecho que Iglesias deberá aceptar y apoyar. Que sea un Gobierno progresista no debe implicar que se sus políticas sean de bloque, dirigidas tan solo hacia sus partidarios ideológicos. Como todos los Gobiernos, si logra el apoyo del Parlamento su misión debe ser gobernar para todos.

Cataluña será sin duda una de las prioridades del Gobierno de las izquierdas. El texto del acuerdo habla de «garantizar la convivencia» y se propone «fomentar el diálogo [...] siempre dentro de la Constitución». El independentismo, cuyo apoyo total o parcial puede ser crucial en la investidura, difícilmente encontrará en la escena política española un Ejecutivo con mejor predisposición a solucionar la crisis en Cataluña. Más allá de la retórica, para todos se acerca la hora de tomar decisiones importantes, empezando por la investidura.