Una decisión judicial volvió a sacudir el mapa político catalán y español esta semana. En respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (TS) -no por la defensa de Oriol Junqueras-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, dictaminó que el líder de ERC debería haber sido reconocido como eurodiputado tras su elección en las elecciones europeas del 26 de mayo y que, por tanto, gozaba de inmunidad parlamentaria desde que la Junta Electoral Central proclamó oficialmente los resultados el pasado 13 de junio. Esto significa que Junqueras debería haber sido autorizado a recoger su acta de eurodiputado en Estrasburgo (como defendió en su momento la Abogacía del Estado) y que tendría que haber sido excarcelado hasta que el TS hubiera efectuado el pertinente suplicatorio al Parlamento europeo. Sin esos suplicatorios, el TS no podía dictar sentencia contra Junqueras. Dado que el juicio del ‘procés’ terminó el 12 de junio, un día antes de la proclamación de los resultados, la nulidad afecta a la sentencia pero no a todo el proceso. Esto significa que Junqueras no debería haber estado en prisión preventiva entre el 13 de junio y el 14 de octubre y que el tribunal no debería haber dictado sentencia contra él. Uno de los extremos que deben dilucidarse ahora es si Junqueras debería ser puesto en libertad hasta que se presente el suplicatorio y Estrasburgo se pronuncie sobre el mismo. El TS ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre el fallo antes de anunciar qué pasos tomará.

Se trata de un duro varapalo judicial. Es grave en lo que se refiere a los derechos políticos de Junqueras que la sentencia afirma que se han vulnerado, y también en lo que respecta a la reputación de la justicia y, por extensión, de la democracia españolas. El tribunal de Luxemburgo no es un ente ajeno al ordenamiento judicial español, sino que es tribunal de última instancia. En este sentido, puede afirmarse que el sistema judicial funciona porque los diferentes niveles de enjuiciamiento cumplen con las tareas que les son propias. Pero en un proceso como el de los líderes independentistas, que ha sido tan criticado dentro y fuera de España desde la instrucción, el fallo del TJUE daña al TS, un organismo capital en el entramado institucional de la democracia española que no puede permitirse la sombra del descrédito.

Ante el complejo escenario legal que se abre ahora, solo caben el respeto y el cumplimiento de la sentencia, y no rancios enroques patrióticos. La inmunidad como europarlamentarios no solo protege a Junqueras, sino también a Carles Puigdemont, Toni Comín y, brexit mediante, a Clara Ponsatí, de ahí la euforia en Junts per Catalunya, que ve refrendada la decisión de su líder de eludir a la justicia española. En su caso, las implicaciones políticas y legales (con las euroórdenes) del fallo pueden ser trascendentales. Políticamente, está por ver si el fallo afecta a las negociaciones de investidura entre el PSOE y ERC. La actitud de la Fiscalía y la Abogacía del Estado los próximos días será clave en este sentido. El tablero catalán se ve profundamente revuelto, de nuevo, por la acción de la justicia. Solo la vía política y el diálogo darán una salida al conflicto.