La Europa política convalece y la Europa social está en franco retroceso. No son pocos ni aislados los ataques, las intentonas ultraliberales, de vaciar de contenido el modelo social europeo tal y como hoy lo conocemos. La última acometida contra los derechos de los trabajadores, que la clase obrera ha conquistado en los dos últimos siglos, parece ser la jornada laboral.
La renovación de la Directiva 2003/88/CE sobre tiempo de trabajo supone una auténtica involución en dichos derechos. Los Sindicatos europeos que siempre hemos luchado por un trabajo, por una jornada, por un salario dignos, ya conseguimos abortar, esperemos que definitivamente, la Directiva Bolkestein. Ahora nos enfrentamos al reto que supone la disparatada propuesta que el Consejo Europeo de Empleo aprobó el pasado 10 de junio sobre la organización del tiempo de trabajo y que supone, quizás, la más grave agresión al modelo social europeo, la única directiva social que de aprobarse conllevaría el primer y más importante retroceso en la protección de los trabajadores.
Con la excusa, falaz en todo caso, de la competitividad y la globalización, la nueva directiva que permite la posibilidad de jornadas laborales de hasta 78 horas semanales, es aberrante, inaceptable e incompatible con la obligación que marca el art. 136 del Tratado de la UE de avanzar en la "mejora de las condiciones de vida y de trabajo que permitan su igualdad en el progreso".
XADEMAS, LAx, la progresiva sustitución de los procedimientos obligatorios por los voluntarios y las recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (casos Laval, Viking y Ruffert) que han confirmado en el ordenamiento jurídico comunitario que los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios prevalecen sobre los derechos fundamentales de negociación colectiva y de huelga, son manifestaciones que indican que lo que está sucediendo en Europa con la Directiva de tiempo de trabajo no es un hecho aislado.
No deja de ser paradójico que esta reforma pretenda britanizar el derecho laboral europeo abriendo la posibilidad de que el trabajador renuncie a sus derechos, por lo que supone un atentado directo contra la negociación colectiva, además de una profunda incoherencia con el discurso de los políticos europeos en favor de la salud en el trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar y que quedan, con esta directiva, en papel mojado.
El titular de las 65 horas semanales simplifica la magnitud de esta iniciativa. En un lenguaje cada vez más enrevesado, no apto para profanos en la materia, hecho éste que tiene mucho que ver con el escepticismo ciudadano hacia la construcción europea, la propuesta de los ministros de Trabajo de la UE, con la honrosa oposición del Gobierno español, se dirige a propiciar el aumento de la discrecionalidad empresarial para flexibilizar aun más la organización del tiempo de trabajo. Así se permite un descuelgue individual entre el trabajador y el empresario del máximo legal semanal y se da carta de naturaleza a que los "tiempos inactivos" no se consideren tiempo de trabajo, salvo convenio o norma en contrario, y se establece la posibilidad de ampliar hasta 12 meses el periodo de referencia para la anualización de la jornada.
La sociedad europea debe conocer el profundo rechazo que provoca esta directiva en el ámbito del trabajo porque ataca una de las bases del movimiento sindical: la limitación del tiempo de trabajo. Contra ella, los sindicatos europeos haremos lo posible para que esta propuesta no llegue a ver la luz. Ante su tramitación ante el Parlamento Europeo, ya se han convocado movilizaciones a nivel europeo en el mes de octubre y, concretamente, desde UGT Extremadura hemos solicitado de las distintas administraciones de la región un pronunciamiento contrario a esta directiva. En definitiva, queremos implicar a la mayor parte de la sociedad en contra de la actual deriva hacia la competencia desleal entre países, hacia la fragmentación del mercado de trabajo que percibimos en Europa.
Los sindicatos que siempre hemos defendido un proyecto político de Europa que prevaleciera sobre las reglas económicas confiamos en conseguir una gran reacción social y política que evite la erosión progresiva del modelo social europeo que tiene su punta de lanza en esta nefasta propuesta. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el bienestar de los ciudadanos por el sacrosanto mercado? ¿Competirá Europa sobre la base de degradar las condiciones de trabajo? No es una pregunta retórica. Con esta directiva nos estamos jugando mucho.
*Secretaria de Coordinación de la
Negociación Colectiva y Concertación Social de UGT Extremadura
