La palabra lobby evoca connotaciones negativas. Por lo común se piensa que las actividades de los grupos de interés suelen estar asociadas a caciqueo, prácticas deshonestas y falta de transparencia, cuando no de soborno y corrupción. Sin embargo, el papel de los llamados agentes del cabildeo puede ser necesario en una sociedad democrática por cuanto permite que intereses legítimos lleguen a los órganos de decisión para ayudar a satisfacer necesidades de los ciudadanos. Entre estos grupos no solo están los que actúan con fines económicos o profesionales, también hay ONG altruistas (Save The Children, Green Peace, WWF) que ejercen estas prácticas para influir en sus objetivos. Pero es completamente cierto que estas actuaciones pueden desvirtuarse y volverse opacas, de ahí que sea necesaria una regulación legal que permita su control y seguimiento.

La legislación americana fue la primera en regular estos colectivos de presión. Se exige su inscripción en un registro federal para que todos los lobbistas puedan estar identificados. En la Unión Europea también están autorizados. Sin embargo, no existe regulación normativa. Desde 2011 se obliga a los lobbies a inscribirse en el denominado Registro de Transparencia. Las exigencias legales no son demasiadas: únicamente están obligados a publicar su presupuesto anual.

En nuestro país, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido el primer organismo que ha implantado recientemente un registro para estos grupos. Algunas comunidades autónomas están en ello. Es un intento de arrojar luz sobre colectivos que podrían pretender fines inicuos. Llama la atención que en España ninguno de los numerosos órganos ejecutivos y legislativos que tenemos, donde se toman decisiones y se aprueban leyes y que por tanto es donde el lobbying puede tener más influencia, no los hayan regulado aún.

Este vacío legal puede facilitar actuaciones más allá de lo que ha de ser su cometido. En previsión de salvaguardar la transparencia, es claro que urge una estricta regulación de estos grupos de interés a fin de controlar y mejorar la toma de decisiones, porque la opacidad y la desregulación existentes, unidas a los constantes escándalos de corrupción que sufrimos, genera en el ciudadano una lógica identificación entre lobbies y prácticas deshonestas. Y en los últimos años, por algunas leyes y reformas que han tenido lugar, da la impresión de que el ejecutivo y el legislador han estado intoxicados por grupos de presión con intereses espurios.