El Gobierno y la Junta de Andalucía firmaron ayer, por la mano de la ministra de Administraciones Públicas y del consejero de Presidencia andaluz, el traspaso de las competencias sobre el río Guadalquivir que discurre por su territorio. El acuerdo se ha suscrito sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso presentado por Extremadura el pasado mes de junio.
Quizás esta decisión entre la Administración central y la andaluza tenga una lógica política que nace de que el Estatuto, --incluido ese artículo 51 que ha sido recurrido y que habla de ceder "las competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir"--. ha salido adelante con los votos, primero del Parlamento andaluz, y luego con los del Congreso de los Diputados, pero tal vez la prudencia política hubiera aconsejado esperar a que se pronunciase el tribunal garante de la Constitución, porque lo que sancionaron ayer en Cazorla, muy cerca del nacimiento del Guadalquivir, la ministra Salgado y el consejero Zarrías, es, tal como dijo la ministra, "un nuevo modelo de gestión del agua". Lo que se ignora es si ese nuevo modelo no es un disparate y si ese disparate no va en contra del artículo 149.1.22 de la Constitución, que reconoce competencias exclusivas del Estado para las aguas que discurran por más de una comunidad autónoma. Si la ´guerra del agua´ es uno de los motivos más vivos que encona las relaciones entre comunidades ahora que las competencias son estatales, si ese "nuevo modelo" se extiende puede acabar en tensiones insoportables que nuestro país bien se podría ahorrar.
