En este mapa incierto de las sensibilidades, la unanimidad suele ser un bien escaso. Pocas veces las diferentes corrientes de pensamiento se aglutinan en torno a una causa común. Para ello es preciso que concurran circunstancias excepcionales, como la persistencia en una zonificación que coloca a la patrona de Extremadura con una afiliación foránea.

Extremadura no tiene grandes pretensiones identitarias, ni necesita recurrir a las fuentes sagradas de ningún hecho diferencial. Pero sí precisa de unos pilares básicos sobre los que asentar su idiosincrasia. Hay que estar ciegos para no darse cuenta de la afrenta que representa este deliberado olvido, y de la carga de desafecto que lleva implícita esta manera de proceder.

La reivindicación de Guadalupe es actualmente el reto más genuino al que se enfrenta la sociedad extremeña. Una esquirla clavada en medio de la conciencia colectiva. Un avasallamiento que nos retrotrae al dogmatismo de otras épocas. Un agravio que nos sitúa al nivel de quienes no son merecedores de honrar a su patrona bajo una advocación autóctona. Porque Guadalupe es algo más que un santuario de veneración, es un símbolo de la unidad extremeña, el buque insignia de nuestra espiritualidad, un referente cultural y artístico, el epicentro autonómico de nuestra singladura historia, el gozne sobre el que gira la puerta de nuestra autoconfianza.

La readaptación del mapa eclesiástico es un débito de generosidad que la Iglesia tiene contraído con Extremadura. Porque en medio de esta marejada de dificultades sobrevenidas, la gente es capaz de abstraerse y poner el énfasis en esta intangibilidad. También porque no en vano el día de la región buscó la fecha coincidente con la onomástica de la patrona, amalgamando así un hecho cultural, histórico, político y religioso.

El hacer depender esta causa de intereses cruzados entre el primado de Toledo y las diócesis limítrofes, es pretender crear una polémica artificial y una controversia que no existe. Porque el cambio de jurisdicción es una cuestión que atañe exclusivamente a aspectos administrativos, y que por tanto no entra en colisión con ninguno de los principios apologéticos.

No es justo que esta tierra vea truncada una vez más sus expectativas. Que la imagen que de Extremadura se proyecte más allá de sus fronteras, vuelva a ser la de la resignación. La reciente declaración institucional por parte de la Asamblea de Extremadura, viene a corroborar de forma explícita que este tema transciende ya a los ámbitos meramente religiosos para convertirse en una cuestión general.

Extremadura necesita respuestas concluyentes, lejos de mutismos exculpatorios y de vagos pretextos genéricos. La Iglesia, en lo administrativo, no puede regirse por variables ajenas al sentir de esta sociedad, si no quiere terminar desvinculándose de ella.