Las autoridades sanitarias sopesan dar una vuelta de tuerca más en la batalla contra el tabaquismo. No les falta razón a la vista de la reciente encuesta de Sanidad que demuestra que el número de fumadores sigue estancado en un 24% de la población, que se fuma en un tercio de los centros de trabajo y que la inmensa mayoría de los bares no son espacios sin humo. La ley estatal del 2006 fue un aldabonazo en su momento, pero no ha sido eficaz. Los hábitos sociales han podido en España con una norma llena de buenas intenciones pero que adolece de timidez. Ante las conclusiones del citado estudio, cabe preguntarse cuál puede ser el siguiente paso en la lucha de las administraciones contra el consumo de tabaco. Parece que todo se encamina hacia la prohibición universal de fumar en espacios públicos cerrados, en línea de lo que han legislado otros países. Se trataría de una norma muy polémica, pues afectaría a negocios de hostelería. Proteger a los trabajadores de los establecimientos hosteleros es, precisamente, el argumento de mayor peso para endurecer la legislación antitabaco. ¿Por qué un empleado de oficina no fumador no tiene que aspirar el humo de los demás y un camarero sí? Es indiscutible que existe aquí una discriminación.

El problema del tabaquismo tiene, sin embargo, tantas aristas que solo desde la flexibilidad y el sentido común podrán establecerse normas que de verdad se cumplan. Si no es así, no avanzaremos.