En el año 2003, según el Gobierno, 68 mujeres --un 30% más que el año anterior-- y 13 hombres murieron a causa de la violencia doméstica. Y el drama sigue imparable sin que logren frenarlo las reformas legales, como la que regula la orden de protección de las víctimas. Sigue quedando patente que es necesaria una mejor labor preventiva de protección policial de las mujeres amenazadas, recursos de acogida para quienes hoy son maltratadas y mañana pueden ser asesinadas y que se pongan realmente en práctica las medidas para combatir la violencia que el PP no ha hecho más que publicitar. Mientras, los discursos oficiales que tildan de prioridad combatir esta lacra suenan a huecos.
Queda pendiente también una transformación de las mentalidades. No ayudan nada a conseguirla los obispos españoles, que argumentan que la libertad sexual está en la raíz de la violencia contra la mujer, ni los magistrados, que en una sentencia establecen que someter a penetraciones a dos niñas de 14 y 8 años no es una agresión sexual, y le ahorran nueve años de prisión al autor de los abusos. Hemos de ser conscientes de la conexión entre la insensibilidad de estas autoridades religiosas y judiciales y el salvajismo de quien degüella a su mujer.
