Más allá de los gestos (el paseo por los jardines de la Moncloa), las buenas palabras («Hemos abierto un hilo de esperanza», dijo Quim Torra) y las decisiones concretas (la reactivación de las comisiones bilaterales Estado-Generalitat y la retirada de los recursos que presentó Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra leyes sociales catalanas), la reunión entre los presidentes del Gobierno y de la Generalitat deja la buena noticia de que la política ha regresado en la grave crisis institucional que vivimos en España a cuenta de las pretensiones de una parte de Cataluña. «La crisis territorial es un problema político que debe ser resuelto desde la política», desveló la vicepresidenta Carmen Calvo que Pedro Sánchez le dijo a Quim Torra, y ante una afirmación de este tipo efectuada por un presidente del Ejecutivo cabe felicitarse.
La medida de la gravedad de un conflicto puede valorarse por el hecho de que una simple reunión sea un acto extraordinario. Bajo este parámetro, el conflicto catalán se encuentra en un estado muy grave, ya que tras años de incomunicación, que Torra visitara la Moncloa fue noticia por sí mismo. También lo es que las comisiones bilaterales Estado-Generalitat vuelvan a reunirse, ya que no se convocan desde el 2011. Y, por supuesto, que los presidentes se hayan vuelto a emplazar para el otoño, esta vez en Barcelona, para seguir dialogando. A ello cabe añadirle un tono cordial en los mensajes posteriores, inaudito en los últimos tiempos. Diríase que han acordado amigablemente disentir en todo lo esencial.
Porque, como había prometido la vicepresidenta Calvo, Sánchez accedió a hablar del derecho de autodeterminación con Torra, aunque fuera para repetirle que no cabe en el ordenamiento constitucional y que «no existe como derecho en ninguna democracia del mundo». El Gobierno central quiere hablar de políticas sociales y empleo, entre otros asuntos, temas que se entienden capitales para Cataluña pero que no bastan a ese sector del independentismo que reniega de lo que denomina «regreso al autonomismo». Si a las diferencias en torno a la autodeterminación se le une el proceso judicial abierto contra los políticos y los líderes sociales implicados en el 1-O, el escenario es sumamente complejo. Ahí es donde debe entrar la política, con responsabilidad y altura de miras. Y eso es lo que empezó a suceder en la Moncloa el pasado lunes. Nueva etapa, nuevos tiempos.
