En Cataluña hay varios problemas. El más importante es el problema legal: un parlamento autonómico electo subvirtió el orden constitucional vigente en septiembre de 2017. Es obligado recordar que este problema no ha desaparecido potencialmente, puesto que el Govern y el Parlament actuales siguen defendiendo las mismas bases políticas.
El segundo problema es de orden público. Parte del independentismo, sabiéndose perdedor, utiliza la movilización para generar disturbios, intentar bloquear las instituciones y poner en peligro la paz social.
El tercer problema es el político. A grandes rasgos: la mitad de la población catalana quiere la independencia y la otra mitad no. Es decir, es un problema entre catalanes. El independentismo ha conseguido que parezca un problema entre España y Cataluña, pero en realidad es un problema catalán.
Como el problema legal no ha desaparecido potencialmente, el Gobierno de Rajoy nunca debería haber levantado la aplicación del artículo 155. Cometido ese error, habría que volver a aplicarlo en cuanto jurídicamente se pueda, puesto que el independentismo aún no se ha comprometido solemnemente a cumplir la ley.
El problema de orden público debe estar en manos de las fuerzas de seguridad, como no puede ser de otro modo. Si las fuerzas de seguridad catalanas no responden con eficiencia, deben hacerse cargo las españolas. Si no fuera posible dentro de la normalidad institucional, el Gobierno tendría que aplicar también por esta razón el artículo 155. El problema político se debe resolver dialogando. Al ser un problema entre catalanes, ese diálogo debe producirse en el Parlament. Un Parlament que el independentismo mantiene prácticamente cerrado gracias a su mayoría en la Mesa. Por tanto, si no hay diálogo es por responsabilidad (antes con Rajoy y ahora con Sánchez) exclusiva del independentismo.
España es un Estado y Cataluña es una CC.AA. Aunque el problema fuera entre Cataluña y España —que no lo es— no cabría jamás un diálogo bilateral de igual a igual. Es una de las exigencias del independentismo que ningún Gobierno español puede aceptar.
El derecho de autodeterminación —la principal pretensión del independentismo— no existe en el derecho español; para poder plantearlo, los partidos que así lo deseen deben impulsar una reforma constitucional fructífera. El derecho de autodeterminación tampoco existe en el ámbito internacional, salvo para realidades coloniales o de opresión ilícita, que no es el caso catalán. No se puede hablar de lo que no existe.
Es muy importante recordar que el independentismo está utilizando herramientas propias de regímenes totalitarios, como el uso de las masas intentando violentar las instituciones legalmente vigentes (fascismo italiano), la ruptura unilateral endógena del orden legal vigente para conformar un nuevo orden alegal (nazismo), la constitución de una estructura vertical que fusiona instituciones, revueltas callejeras y acción sindical (franquismo) o el uso de propaganda institucional para expandir falsedades contrarias al orden legal existente (común a todos los regímenes totalitarios).
Desde postulados progresistas lo único posible ante el conflicto catalán es: 1) oponerse por coherencia ideológica (solidaridad entre territorios) a la independencia de Cataluña; 2) denunciar el uso de las herramientas antidemocráticas con que el independentismo intenta imponerse a la otra mitad de la población catalana; 3) limitar cualquier diálogo político al ámbito catalán, hasta que haya un acuerdo entre catalanes independentistas y no independentistas que tenga al menos un 70% de apoyo allí; 4) rechazar que en cualquier proceso de diálogo se introduzcan el derecho de autodeterminación o la bilateralidad; 5) garantizar el orden público en Cataluña; 6) garantizar el respeto al ordenamiento jurídico en Cataluña; y 7) defender el uso del artículo 155 en caso de que los dos puntos anteriores no puedan llevarse a cabo por vías ordinarias. Creo que una inmensa mayoría de la sociedad española compartiría esta hoja de ruta.
* Licenciado en CC. de la Información
