La policía ha tardado pocos días en detener, con expectativas de cerrar la investigación del caso en breve, al presunto asesino del taxista de Badalona (Barcelona) Luis Pérez. El agradecimiento por la diligencia de los investigadores del crimen y por la feliz detención del sospechoso ha quedado empañado por el dato de que el delincuente era un condenado a 30 años que se había escapado de la prisión barcelonesa de Brians en 1997. Y lo que es peor: encontrarlo no era tan difícil, porque tras la fuga se había instalado en su casa, donde se le acabó deteniendo.
El hecho coincide con la discusión sobre cambios en el Código Penal sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. Hay que discernir los hechos. Que un preso se escape durante un permiso es un riesgo, pero un mal menor si se compara con la inmensa cantidad de reos que hacen un buen uso de la redención de penas. Que nadie ponga los medios suficientes para buscar a un fugado que reincide en la delincuencia sin ni siquiera cambiar de residencia es un indicio distinto: ni la Generalitat de Cataluña como responsable de prisiones ni los cuerpos de seguridad ni los jueces hicieron lo suficiente para que el delincuente huido en 1997 no sea noticia en el 2003.
