Explicar la situación de los golpistas catalanes no es fácil. Unos continúan en prisión preventiva, otros gozan de libertad con medidas cautelares y un tercer grupo, prófugo de la Justicia, ha trasladado su bufonada a Bélgica. Tres situaciones distintas para individuos que supuestamente han participado en los mismos hechos delictivos.

Los que se encuentran en prisión son los más perjudicados. Tras la euforia de los primeros días, la permanencia prolongada en la cárcel hace que la desesperanza aparezca. Con el paso del tiempo las muestras de solidaridad disminuyen y la privación de libertad va ejerciendo un lento y persuasivo desgaste en la entereza moral. Por ello, no es aconsejable que la prisión preventiva se convierta en el adelanto de una incierta condena. Debe ser una medida excepcional.

Un amplio sector de la opinión pública ha incidido en razones de oportunidad política para criticar el encarcelamiento de los golpistas catalanes. Es un grave error. En democracia una resolución judicial nunca debe ampararse en razones extrajurídicas. Esto queda para las dictaduras. Y resulta que ambas resoluciones, la que acuerda la prisión provisional y la que decreta la libertad con medidas cautelares, son irreprochables desde el punto de vista jurídico. Pueden ser discutibles, pero en los dos supuestos responden a la libre y racional valoración de cada juez. El Derecho no es una ciencia exacta. Es una ciencia valorativa. Y, a la hora de decretar medidas, los jueces han valorado los diferentes comportamientos y actitudes de los secesionistas encausados.

Respecto de los huidos, estamos expectantes ante la decisión de la Justicia belga. Si todo sucede con normalidad, pronto deberíamos ver a Puigdemont y sus secuaces entregados a un tribunal español. A nadie le gusta que exista una casta que busque espacios de impunidad para sustraerse al imperio de la ley. Sin embargo, la idiosincrasia especial de Bélgica nos impide aventurar un claro desenlace. Aunque el parlamento regional de Flandes, por aplastante mayoría, ha rechazado reconocer la independencia catalana, no hay que olvidar que Bélgica es una de las naciones más desestabilizables de Europa. La coalición gubernamental pende de un hilo. Los nacionalistas flamencos están aprovechando el affaire catalán para meter cizaña. Además, la Justicia belga suele abandonarse en la autocomplacencia. Su perenne complejo de inferioridad respecto de la «grandeur» de sus primos hermanos los franceses, hace que actúen frente a otros países con injustificada altanería. Los jueces belgas tienen el prurito de la pulcritud jurídica. Esto les hace creerse el centro universal de la tutela de los derechos humanos. Y, como casi siempre ocurre cuando se actúa con demagogia, suelen poner el acento en los derechos de los delincuentes, lo que supone ignorar los derechos de las víctimas.

Por lo pronto, salvo los relativos a corrupción (prevaricación y malversación), los delitos que se imputan a los secesionistas no se encuentran expresamente recogidos en la Orden Europea de Detención y Entrega. Si a esto añadimos que muchos jueces belgas suelen comportarse con todo lo español mediatizados por prejuicios históricos, fruto del desconocimiento de nuestro sistema judicial y de la realidad política y social que vive nuestro país, no sería raro que al final pudiéramos encontrarnos con una decisión judicial que nos dejara boquiabiertos a todos los demócratas españoles. No sería la primera vez. Esperemos que esto no ocurra, porque la existencia de un espacio de impunidad en la Unión Europea, aparte de surrealista, sería la constatación de que los eurófobos, xenófobos y nacionalistas estarían privándonos de la ilusión de impulsar el proyecto común de la europeidad. Y desgraciadamente tendríamos que dar la razón a los que piensan que una Europa verdaderamente unida es algo improbable, insensato y engañoso.