El incendio que ya ha devastado más de 2.500 hectáreas de los alrededores y del Parque Natural de Sant Lloren§ de Munt, en Barcelona, deberá servir, cuando se extinga, al igual que debe ocurrir en Extremadura y el resto de autonomías, para revisar las políticas de prevención. La catástrofe es inevitable en condiciones climáticas extremas, pero es lícita la discusión sobre el límite admisible de sus efectos. Y la muerte de cinco personas, en circunstancias que parecen tan fortuitas como desgraciadas, debe servir de acicate, así como la desventura de miles de damnificados. Tenemos buenos servicios públicos de prevención y extinción de incendios forestales, aunque los recelos entre las administraciones de distinto color político han vuelto a sembrar inquietud ciudadana en el caso de la Cataluña. De la misma forma que en Extremadura no se ha dado respuesta todavía a muchas de las preguntas que en voz alta han hecho vecinos de las localidades afectadas en torno a porqué no se combatieron las llamas de forma más rápida y eficaz. Tanto en Cataluña como en Extremadura surge otra cuestión: ¿Cómo se puede preservar un monte sin caminos ni cortafuegos? Son preguntas que habrá que responder más en frío, una vez pasada la tragedia.