La reunión entre el colectivo de taxistas y el Ministerio de Fomento celebrada ayer en Madrid no fue mal para los intereses de los taxistas, según afirmaron los propios portavoces del colectivo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aseguró que el 15 de septiembre habrá en toda España un marco normativo consensuado con el sector para que los ayuntamientos asuman la capacidad regulatoria en materia de licencias VTC. La intención es reponer la legalidad de la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Pese a ello, los taxistas decidieron mantener la huelga y el bloqueo de ciudades: En Barcelona y en Madrid, fundamentalmente. Resulta evidente que existe un problema de desconfianza entre los taxistas y los responsables de Fomento, o dudas de que un cambio normativo como el que propone el Gobierno pueda llevarse a cabo. Es más, Fomento tiene pendientes reuniones con Cabify y Uber, las empresas que forman la otra parte del conflicto. El derecho a huelga está fuera de toda cuestión, al ser el taxi un servicio público tiene afectaciones sobre la movilidad, pero estas consecuencias -no siendo desdeñables- son las mismas cuando otros sectores hacen huelga. Lo que no es de recibo es que a causa de este conflicto se mantenga el centro de una ciudad bloqueado. El taxi tiene derecho a hacer huelga, pero no a bloquear el espacio público.