WEwl portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi , encontró ayer un inesperado defensor de su renuencia a presentarse ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska porque es previsible que lo envíe a prisión. Ese defensor fue el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra , quien en declaraciones al programa ´Los Desayunos de TVE ´ tildó de "discutible" el que el dirigente aberzale vaya a la cárcel por organizar una manifestación ilegal. El dirigente extremeño añadió que aunque "no le parece mal" que Otegi esté en la cárcel, es contrario a que se le envíe por la convocatoria de una manifestación ilegal puesto que todos los días se convocan manifestaciones ilegales en España.

Si Rodríguez Ibarra quería crear estupor con sus declaraciones, seguramente ha conseguido su propósito: causa perplejidad que confunda deliberadamente la manifestación de unos trabajadores contra un empresario o contra una actuación de alguna administración, por ejemplo, que una protesta, como la habida en el País Vasco y Navarra el pasado día 9, en la que se produjeron más de un centenar de actos vandálicos y en la que se reivindicaba el papel de una organización terrorista. Además, olvida Ibarra que Otegi ya se encuentra desde mayo del año pasado en libertad provisional, que obtuvo tras pagar 200.000 euros de fianza, y que uno de los requisitos establecidos por el estado de Derecho para no interrumpirla es que el sujeto en esa situación no cometa hechos delictivos. Si Otegi, al convocar esa manifestación, los ha cometido a criterio del juez, que es el que lo tiene que dilucidar, debería ir a la cárcel en aplicación precisamente de ese estado de Derecho que otorga a todos los ciudadanos la igualdad ante la ley.

Ibarra comete otro error: apuntar que el juez Grande-Marlaska está movido por intenciones distintas a las de la función jurisdiccional a que está obligado. Al manifestar que Otegi puede ser encarcelado no por el delito cometido sino porque haya interés en descabezar a los dirigentes aberzales que pudieran ser interlocutores en un hipotético proceso de diálogo para el fin del terrorismo, el presidente de la Junta está señalando que el magistrado de la Audiencia Nacional se mueve por intereses políticos y no estrictamente judiciales. Un interés que también alcanzaría a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que, como ya ha anunciado el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, va a pedir la prisión para Otegi cuando éste se presente. Además, la posición de Ibarra es llamativa porque coincide con la del Partido Nacionalista Vasco, que también ve motivaciones políticas en el proceder del juez.

Que Ibarra vea motivaciones espurias en decisiones judiciales no es novedad: su trayectoria de más de veinte años de gobierno está jalonada de críticas a los jueces cuando han sentenciado en dirección distinta a sus deseos. Sí lo es que critique actuaciones judiciales relacionadas con la lucha contra el terrorismo de ETA y el mundo aberzale. Hasta su partido lo rectificó.