El Ayuntamiento de Cáceres ha descubierto que una treintena de grandes edificios, públicos, no están dados de alta para que tributen por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La relación puede llegar al centenar, puesto que el consistorio no ha concluido sus pesquisas. Algunos de los edificios de la relación están, por su naturaleza, exentos del IBI, como colegios o centros de salud, pero hay otros, centros comerciales, multinacionales de comida rápida, hoteles..., que tienen que pagar como todo hijo de vecino.
El portavoz municipal, el concejal Lorenzo de la Calle, estima que el consistorio ha dejado de percibir más de dos millones de euros debido a estas ausencias. Ni que decir tiene que es una situación que no se puede sostener por más tiempo. Y no por las estrecheces financieras que sufre el Ayuntamiento de Cáceres, sino porque no hay cosa que el ciudadano reciba peor, y con toda la razón, que ver cómo mientras la mayoría paga sus impuestos religiosamente y está expuesto a los correspondientes recargos si se le pasa el más mínimo plazo, otros no pagan. De la Calle señala que la razón por la cual la mayoría paga y algunos no, no es responsabilidad de éstos, sino que se debe a que no se ha revisado el inventario de bienes del ayuntamiento. El asunto causa una sensación de desigualdad y los responsables del anterior equipo de gobierno deberían explicar qué es lo que ha pasado para que no se haya procedido a esa revisión. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué siendo todos iguales ante el IBI, unos son más iguales que otros.
