Mientras no podamos esponsorizar los trajes de los ministros, ni tunear con anuncios sus coches oficiales, ni patrocinar sus viajes por el mundo, cobrar por entrar en sus ruedas de prensa o facturar derechos televisivos por la retransmisión de actos públicos, lo que gasta el Estado sólo puede venir de lo que se recauda entre todos los ciudadanos. Se llaman impuestos, y seguramente la raíz del sustantivo en un verbo que tiene tan mala prensa sea el origen de su impopularidad. En junio nos llevan los demonios cuando completamos nuestra declaración ante el fisco y nos toca desembolsar, olvidando lo que ya hemos pagado a través de las retenciones y lo que, sin figurar en la declaración, apoquinamos a diario cada vez que consumimos algo. Un olvido que alcanza proporciones patológicas cuando nos devuelven algo de lo adelantado y proclamamos al universo aquello de este año no he tenido que pagar a Hacienda .

Entre todas las propuestas para modificar la Constitución nunca he oído que nadie reclame que se cambie la redacción del artículo que reconoce la enseñanza básica gratuita , cuando no lo es. En todo caso será de financiación pública, porque la pagamos entre todos. Algo semejante ocurre con la sanidad pública, que la contraponemos a la privada, que llamamos de pago , como si los salarios de quienes trabajan en aquélla no salieran de nuestros bolsillos. Los políticos tendrían que hacer más pedagogía y menos demagogia con los impuestos, deberían emplearse más en hacer entender a los ciudadanos que en el deber de contribuir está el origen de todos los derechos que reclamamos, presentes y futuros, que configuran nuestra sociedad del bienestar.

Por eso, cuando alguien promete que va a bajar los impuestos --y todos terminan haciéndolo-- debe dar más datos. Debe explicar si una menor recaudación en el IRPF supondrá el recorte de alguno de esos derechos que hemos decidido darnos, o si, por el contrario, se aspira a compensar la caja por los impuestos que gravan al consumo, iguales para Botín que para el último mileurista, que corrigen a la baja el principio de progresividad que impone la Constitución a nuestro sistema tributario. Y en todo caso, más que contarnos cuánto nos van a imponer nos deben explicar cómo van a disponer de ello, en qué lo piensan gastar. Ahí es cuando empezamos a hablar de política y de ideología. Ese es el momento en que el contribuyente tiene los datos para ejercer coherentemente como votante.

*Periodista