WVw einticuatro horas después de que los controladores aéreos votaran acudir a la huelga para defender sus derechos frente a los planes del Ministerio de Fomento y de AENA, la dirección del sindicato de estos técnicos prefiere no precisar en qué día o días realizará el paro, que será poco después del 16, las fechas centrales del principal mes de vacaciones.

Tras emplazar a sus interlocutores para que hagan un gesto de aproximación, los propios portavoces sindicales subrayaron ayer las graves consecuencias de su protesta para la economía del país y para los usuarios del transporte aéreo, lo que no se sabe muy bien si es una nueva amenaza o una forma de reflexionar en voz alta sobre la difícil situación a la que, según ellos, se ven abocados. El interés del Gobierno por acabar con sus privilegios, no solo económicos, ha sido el desencadenante del conflicto.

Tanto el ajuste salarial de principios de año como la intención de Fomento de recurrir si hiciera falta a los controladores militares, más la regulación de horarios vía decreto, han encendido los ánimos.

A la pandemia de estrés que provocó la baja laboral colectiva de hace unos días le sigue ahora la convocatoria de una huelga que no acaba de precisarse porque cuanto más tarden en fijar los días, sus efectos serán más duros tanto para las compañías aéreas como para los hoteleros y, sobre todo, para los ciudadanos.

Como ya ocurrió con la huelga de funcionarios de hace dos meses, el Gobierno debería establecer unos servicios mínimos suficientes, sobre todo en los aeropuertos que cubren rutas con un difícil transporte alternativo. Si no quiere llegar a ese extremo, y a fin de no dilatar la incertidumbre de quienes han pagado ya sus billetes, debería emitir un laudo que no anule todas las aspiraciones de los controladores, pero que tampoco implique renunciar a su equiparación con el resto de Europa. Tener un sueldo millonario no es delito, pero en este caso sabemos que han mantenido su estatus gracias al chantaje al que sometían a AENA, una situación con la que Fomento quiere acabar. El propio ministro del ramo, José Blanco, recalcó ayer que "toda la sociedad sabe que es un sector que gozaba de unos privilegios exagerados, que tenía la productividad más baja de toda la Unión Europea y los salarios más altos".

Lo más intolerable, en cualquier caso, es que se defiendan tomando como rehenes a miles de personas que tratan de disfrutar de sus vacaciones. Además, esta reprobable actitud puede terminar afectado incluso a la economía nacional si el problema se enquista.