WPw ocas medidas tomadas por el Gobierno gozan de mayor aceptación general que las que destinan recursos públicos a atender a las familias con menos medios. Así, se aplaudió --salvo por los recalcitrantes contra el Gobierno socialista-- que el Consejo de Ministros de la pasada semana otorgara una prórroga del subsidio de paro a quienes habían agotado el derecho a la prestación. Con los lógicos límites para no convertir la ayuda en un coladero de otras situaciones. No obstante, ya esta semana aparecieron las primeras decepciones en la aplicación de la norma. La menor fue la falta de información en las oficinas públicas de empleo. La mayor y definitiva fue la interpretación de lo que había dispuesto el Gobierno. Los 421 euros mensuales de ayuda complementaria a los parados que no tengan otros ingresos solo beneficia a quienes se han quedado sin empleo a partir del 1 de agosto. ¿Lo ponía el decreto? Sí. ¿Se informó adecuadamente desde el primer momento? Rotundamente no. La prueba es que no lo explicó la vicepresidenta De la Vega cuando presentó los acuerdos del Consejo; pero, sobre todo, que el Ministerio de Trabajo hizo mutis durante tres días, sin advertir de la limitación.

El resultado de esa imprevisión se ha ido solventando poco a poco en los últimos días pero la va a pagar el propio Gobierno. Su buena intención de atender, cuanto antes, a quienes ya hace más de dos años que no encuentran trabajo se ha quedado en una medida incomprensiblemente discriminatoria: las ayudas son para quienes acaban de perder el empleo y no para los que hace tiempo que se quedaron sin esos ingresos. Estamos ante una disposición que rompe el clásico principio de retroactividad de las leyes cuando suponen un beneficio para sus destinatarios.

Ni siquiera el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que se reunirá con los sindicatos para intentar ampliar esta ayuda para 100.000 parados más en España, soluciona el desaguisado.

El Gobierno estaba cargado de razón cuando advirtió de que el porcentaje de parados exige actuaciones públicas inmediatas, y más si el pacto social con patronales y sindicatos se ha estancado. Pero vuelve a las andadas en la improvisación de medidas que se anuncian para captar simpatías pero que no se han fundamentado en los dos pilares en que se asientan las ayudas públicas: la argumentación jurídica sólida cuando la disposición no es de alcance universal para todos los afectados, y la memoria económica --de dónde se saca el dinero-- que corresponde a un gasto que no estaba presupuestado.

Tras las mieles, las hieles. Otra vez se ha generado una expectativa basada en la justicia pero sin saber explicarla adecuadamente.