En esa magnífica novela de Delibes que es ‘El hereje’ hay una reflexión, surgida en el catolicismo militante pero no acrítico del autor, que supera con mucho a cualquier campaña de publicidad planteada desde el Vaticano. A diferencia de otras confesiones, cuenta el herético protagonista de Delibes, el catolicismo tiene un trámite exprés que permite, previo arrepentimiento veraz y espontáneo, ganar el perdón. Por todos los pecados. Un borrón y cuenta nueva espiritual.
Existe el indulto (acto voluntario mediante) incluso desde aquellos púlpitos en los que tradicionalmente se ha ejercido el monopolio del reproche por faltas y excesos, deslices y venialidades. La iglesia, por tanto, perdona. El estado, no tanto.
De sobra es conocida la creatividad de nuestros legisladores en la búsqueda del hecho imponible (en Extremadura hemos dado un par de geniales ejemplos para el catálogo). En esa incansable exploración del bolsillo ajeno, nuestro sistema fiscal ha traspasado el ámbito puramente económico (diríase que el suyo por naturaleza) para invadir los procelosos límites del reproche moral.
El sistema tributario debe gravar las actividades económicas propias del día a día. Al menos, las consideradas lícitas. En el caso de que las ganancias, los rendimientos laborales, de capital o patrimonial, tengan origen en actividades ilícitas o en defraudación (bonita semana para sacar este tema) se podría decir que la función tributaria se aparta, para entrar en juego la potestad sancionadora del estado. Amnistías aparte, la fiscalidad responde lógicamente a la realidad económica de la sociedad.
Casi siempre. Porque han sido escasos los gobernantes que han resistido la tentación de canalizar el reproche moral que generan ciertas actividades (curiosamente, perfectamente lícitas) para hacer caja. Bajo los argumentos de su nocividad o de potenciales gastos sanitarios, muchos estados imponen altos tipos de gravamen al alcohol, el tabaco o el juego. Son tributos por nuestros pecados.
Para aquellos que sigan defendiendo que existe una alternativa liberal en la política española, solo tienen que comprobar la primera medida fruto de un acuerdo bipartidista: una subida de impuestos. Es más: un alza que incide directamente sobre nuestros hábitos de consumo, sin ocultar el matiz paternalista de la reprimenda implícita en el gasto que vamos a hacer. El acuerdo entre dos partidos antagónicos demuestra la concepción política patria: confiscación fiscal para seguir financiando el creciente gasto público y la permanente idea de que, como sociedad, debemos seguir guiados. Si ven algo mínimamente liberal ahí, avisen.
Este nuevo incremento de la presión fiscal pretende tener bases de cierta progresividad «social»; ya que el tributo en sí no lo es. Sólo incide en los consumidores y busca --como en el tabaco-- una reducción en el consumo. Analizando la primera pretensión, y dado el amplio objeto de la subida (alcohol, refrescos, tabaco), es dudoso que no pueda llamarse general. Sobre el segundo aspecto, además de la falta de necesidad de alertar sobre aquello cuya venta está permitida (y ya gravada), cualquier intención socio-sanitaria suena a poco más que excusa.
La demanda sobre esos productos es inelástica, como sucede con los alimentos de primera necesidad. Esto quiere decir que cualquier alteración en su precio (mayor gravamen, por ejemplo) apenas supone variación en la demanda. Se sigue comprando igual. Además, con estos productos lo que habitualmente suele pasar es que el productor o vendedor deciden asumir en un primer momento la subida, para no ver reducida la cifra de ventas. Solo posteriormente, se traslada gradualmente al consumidor.
No se piensa en la salud del consumidor. Es jugar sobre seguro en el incremento recaudatorio, que es la única motivación en el origen de esta subida impositiva. Saben que actúan sobre productos que, durante la crisis y con impuestos altos, han mantenido o elevado sus tasas de consumo. Tienen un efecto «autoretribución» en el consumidor, que se regala a sí mismo desde una perspectiva psicológica del gasto ¿Saben, también, que sector de población realiza un mayor consumo de ellos? Aquellas rentas con menor poder adquisitivo.
Las cosas, mejor, por su nombre. Es una subida más, con fines recaudatorios y no de defensa de la salud pública. Una medida apoyada por más del 50% del Congreso.
No haré acto de contrición: me voy a por una light.
* Abogado. Especialista en finanzas
