El hecho de que el PP vincule la imputación de la exministra y exconsejera Magdalena Alvarez a las primarias del PSOE andaluz no debería arrastrar a los socialistas a hacer una campaña contra la jueza instructora del caso de los ERE fraudulentos. Es verdad que el "paso cualitativo" al que se refiere Mercedes Alaya en su auto de imputación a 20 cargos y excargos de la Junta de Andalucía coincide con el proceso político que acaba de poner en marcha José Antonio Griñán , pero el argumento de que se trata de una causa general contra la Junta de Andalucía recuerda demasiado las quejas del PP por la instrucción del 'caso Bárcenas'.
Probablemente, es más importante el hecho de que la jueza cuestione la legalidad de los mecanismos de transferencias de fondos entre instituciones andaluzas, respaldados por los presupuestos generales de la autonomía. La nueva pata del caso que abre Alaya pone en cuestión el funcionamiento de tres consejerías durante un período de 12 años, algo que aparentemente excede el objetivo de un juzgado de instrucción que trata de demostrar la comisión de unos delitos. También parece más destacable que la instructora eluda de forma clara la imputación de políticos aforados con el fin de evitar que el caso pase a otras instancias judiciales diferentes al juzgado de Sevilla que ella dirige. No es fácil de entender que los sucesores de Alvarez en la Consejería de Economía, entre los que figura el propio Griñán, no aparezcan en el auto.
