La decisión de la Casa del Rey de que Iñaki Urdangarín deje de participar en las actividades oficiales de la familia real es lógica y coherente, dadas las circunstancias. Y es que después de varias semanas en las que ha habido un goteo de informaciones periodísticas e iniciativas judiciales sobre las presuntas irregularidades en la actuación del Instituto Nóos, a nadie puede sorprender que la Zarzuela haya adoptado --de común acuerdo con el interesado, según la versión oficial difundida ayer-- una medida preventiva que, aunque no prejuzga la culpabilidad o inocencia del esposo de la infanta Cristina, mantiene a la Corona al margen del asunto.
La tardanza de la institución monárquica en reaccionar oficialmente ha sido debida al silencio del propio Urdangarín, que, con excepción de una vaga declaración exculpatoria hace algunas semanas, solo hasta el pasado sábado no lamentó formal y públicamente el daño que las revelaciones sobre las actividades empresariales que están siendo investigadas por un juzgado de Palma de Mallorca están causando a su familia, a la Casa del Rey y, de paso, a la institución monárquica. Un comportamiento poco ejemplar, según las palabras empleadas por el jefe de la Casa, Rafael Spottorno. Y como mínimo, imprudente, cabría añadir.
El asunto de Urdangarín ha tenido un efecto colateral: la Zarzuela ha decidido publicar casi inmediatamente, antes de final de año, el desglose de sus gastos. Esta medida de transparencia, habitual en cualquier Administración, constituye una novedad en la Monarquía española. Y si bien es cierto que en los 35 años años de reinado de Juan Carlos, y con excepción de alguna iniciativa parlamentaria en este sentido por parte de Izquierda Unida, no ha habido una gran demanda social de esa rendición de cuentas --que encaja con la alta valoración de la Corona por parte de los ciudadanos--, tampoco hay ningún motivo para que no se produzca. Como se presume que la Casa del Rey emplea correctamente los fondos que recibe del Estado, nada más lógico que se publiquen las auditorías que vienen controlándolos.
La Corona afronta con el tema de Urdangarín una situación inesperada. Desde que accedió al trono, el Rey se ha ganado por derecho propio la estima general de los ciudadanos, sobre todo desde su decisivo papel en el ya lejano 23-F. La Monarquía se ha asentado porque hay muchísimos más juancarlistas que estrictamente monárquicos. Es social y políticamente deseable que eso tenga continuidad. Dependerá en buena parte de cómo afronte la Zarzuela los capítulos venideros del asunto en el que está implicado el consorte de la séptima persona de la línea de sucesión.
