La central nuclear de Vandellós 2 tardará semanas en recuperar su actividad. La nueva parada se explica, esta vez, por el incendio, el pasado domingo, en unas turbinas que forman parte de su sistema auxiliar de alimentación energética. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado que el accidente no ha puesto en riesgo a la población de los alrededores ni a los empleados de la empresa. En Vandellós 2 no ha habido fugas radiactivas, como sí ocurrió meses atrás en Ascó 1. La deflagración del domingo en la zona siniestrada de la instalación atómica pudo deberse a una fuga del hidrógeno que se usa para refrigerar las turbinas y que, descontrolado, es altamente inflamable.
El CSN, que ha decidido enviar inspectores a la central y ha adelantado a septiembre una de las reuniones anuales que mantiene con todas las empresas que gestionan centrales nucleares en España, debería esclarecer si existen problemas de gestión, de mantenimiento o de calidad de la tecnología empleada en unas instalaciones tan delicadas como las nucleares, porque resulta preocupante que los accidentes se reiteren con tanta frecuencia.
Más del 80% de los incidentes en centrales nucleares que se han registrado en España han sucedido, en lo que va de año, en Vandellós 2 y en Ascó 1 y 2, tres de las ocho centrales atómicas españolas, cuya gestión está en manos de Endesa e Iberdrola, el duopolio que controla la generación eléctrica española. Estas dos compañías también son las copropietarias de las dos unidades de la central extremeña de Almaraz. En el caso de Vandellós 2 pesa aún el recuerdo de que hace justo cuatro años se registró un caso, que fue calificado poco menos que de anecdótico por la empresa y meses después fue severamente castigado por la autoridad reguladora.
La reciente multa millonaria que ha pedido el Consejo de Seguridad Nuclear para los gestores de Ascó 1 (también Endesa e Iberdrola) por un caso mucho más grave, porque hubo emisiones radiactivas y se ocultaron inicialmente a las autoridades, y el endurecimiento del régimen sancionador, deberían ser una señal de cómo va a actuar en adelante el órgano regulador y el Gobierno.
Con estos mimbres será fácil que aumente el número de contrarios a la energía nuclear, y queden sin argumentos sus defensores. Además, es lógico que poblaciones cercanas a estas instalaciones se pregunten si la seguridad total de la que tanto presumen los gestores nucleares y el Gobierno, y que tanto critican las organizaciones ecologistas, es realmente cierta.
En cualquier caso, esta situación no dibuja el marco más adecuado para discutir sobre el modelo energético que necesita España para las próximas décadas, en el que no deberían tener cabida gestores inadecuados.
