El apartado tercero del artículo 17 del reglamento general de conductores, redactado en su momento por el Partido Popular y vigente desde el 2001, prescribe, para los conductores que no hayan solicitado la renovación del carnet cuatro años después de la fecha de caducidad del mismo, la obligación de volver a someterse a los exámenes teórico y práctico.

La incongruencia de lo previsto en el artículo, un caso singular en Europa y contrario en su letra y en su espíritu a las normativas comunitarias y al sentido común, se ha acrecentado por la poca celeridad con que la Administración socialista ha emprendido el proceso de renovación del reglamento y, en consecuencia, de anulación de la citada norma.

Además, la reciente reforma del Código Penal, ha hecho saltar las alarmas del colectivo de ciudadanos que se encuentra en una situación tan absurda. Finalmente, por tener el carnet caducado con más de cuatro años no irán a la cárcel, pero en el caso de que sigan conduciendo y sean cogidos in fraganti recibirán una sanción superior a la que deben afrontar, por ejemplo, quienes solo tienen el permiso caducado con menos de cuatro años.

Las sanciones actuales oscilan entre los 91 y los 300 euros por conducir con el carnet caducado hasta cuatro años. Y de 301 a 600 euros y dos años de prohibición de conducir por circular con el permiso caducado más de cuatro años (pasado ese plazo hay que volver a pasar el examen en Tráfico).

El agravio comparativo se establece en mayor proporción con el conductor a quien retiran el carnet por haber perdido los puntos a causa de su temeridad, provocando un peligro cierto en la carretera.

Este puede recuperarlo a través de un cursillo y un posterior examen sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad vial impartidas durante el mismo. Quien no lo tiene por un simple problema administrativo, sin otras sanciones ni temeridades conocidas, es como si nunca hubiera demostrado su capacidad para conducir.

Según la normativa actual, se ve obligado a examinarse de nuevo, con el engorro personal que eso significa, amén de un notable dispendio económico, muy superior en todo caso a las sanciones que le corresponderían si su conducta hubiese sido delictiva.

El problema viene de lejos. Los afectados, los llamados recaducados, se han unido a través de internet por lo que consideran una injusticia.

Está en las manos del ejecutivo deshacer, por tanto, cuanto antes el entuerto y acabar con este vacío legal que deja indefensos a ciudadanos que, en el peor de los casos, solo cometieron el error de la pereza o del olvido, y no el delito de la temeridad al volante, que es lo que, en definitiva, persigue el legislador.