TEtl PP está marcando de cerca al ejecutivo español para que ponga firme al gobierno de Venezuela y a su embajador en España, Isaías Rodríguez . Este se atrevió a insinuar que las confesiones de dos etarras detenidos, que afirmaron haber sido entrenados en el arte de matar en Venezuela en 2008, pudieron haber sido obtenidas bajo tortura. El senador del PP, Dionisio García Carnero , fue el primero en abrir camino en la cámara alta al manifestar que una acusación semejante es inadmisible y al exigir al Gobierno que retirase el plácet al diplomático venezolano y llamase a consultas a nuestro embajador en Caracas, fase previa de una crisis diplomática en toda regla. Otros dirigentes populares se han sumado al coro en las últimas horas.

Y no les falta razón. Se puede discutir sobre el grado de las medidas a tomar, pero no cabe duda de que la insinuación del embajador, aunque posteriormente matizada, es inadmisible. Una democracia madura como la nuestra no debe consentir que se ponga en duda la actuación de jueces y policías en la persecución del crimen, salvo que se haga con pruebas y ante los tribunales, que es donde corresponde. Lo demás son acusaciones obscenas.

Lo que llama la atención es que casi a la misma hora en que el senador popular verbalizaba su reclamación en el parlamento, la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal , dejaba caer que la última operación contra la corrupción desarrollada en el ayuntamiento de Murcia, gobernado por su partido, era un mero intento de distracción orquestado por el Gobierno para tapar los resultados, de las primarias de Madrid, desfavorables para Zapatero . Y no es la primera vez. Desde que el PP se sumó a la teoría de la conspiración para digerir mejor la primera derrota de Rajoy , cada actuación anticorrupción contra su partido ha sido presentada ante la sociedad como maquiavélica cacería orquestada por un Gobierno prevaricador que, sirviéndose de jueces, fiscales, policías y guardias civiles marionetas, sólo tenía por intención socavar las posibilidades del PP como alternativa. En los últimos años, el PP no ha hecho ascos a sembrar dudas sobre la decencia de instituciones clave del Estado con el único objetivo de salvar la cara de sus presuntos corruptos, nada sustancialmente distinto, salvo el calibre de las acusaciones, al intento difamatorio del régimen de Hugo Chávez . Por eso, puestos a poner coto a las inconveniencias, el PP tiene trabajo en casa antes de mirar a Caracas.