E El ministro Rafael Catalá se ha metido en arenas movedizas al cargar verbalmente contra uno de los tres jueces que están a cargo del caso de La Manada, a quien acusó de tener “algún problema singular”. El ministro de Justicia confesó que estaba sorprendido de que el Consejo no hubiera actuado.

La incoherencia es mayúscula. Él, que siempre ha pedido respeto a los jueces sobre las resoluciones tomadas en el conflicto independentista en Cataluña y en otros asuntos, fomenta ahora el linchamiento a un magistrado por no plegarse al voto que el pueblo, siempre ajeno a la lectura de farragosos e interminables expedientes, emitió mucho antes de que comenzara el juicio.

Catalá está sorprendido, y eso me da envidia: a estas alturas no hay nada que pueda hacer un político para sorprenderme. Tras ver en un vídeo a su compañera de partido, nada más ni menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, robando unos botes de crema en un hipermercado -cuando ya tenía un cargo político de importancia-, deberíamos eliminar la palabra “sorpresa” de nuestros diccionarios vitales. Porque si el juez censurado tiene algún problema personal, muchos políticos no se quedan atrás.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión de Catalá. Razón no les falta: un ministro de Justicia que intenta socavar ese pilar de la democracia que es la independencia de los jueces no puede seguir en el cargo, de igual manera que muchos pensamos que un independentista a prueba como Piqué no puede jugar en la selección española o que los niñatos de España de mierda no deberían representarnos en Eurovisión. Es una cuestión de coherencia.

Entiendo que los jueces, con sus aciertos y errores, no están exentos de la ira del pueblo, siempre tan emocional, pero no corresponde a un ministro seguir esa senda.

Deberíamos dejar la Justicia a los jueces, y la política a los políticos… si no hay más remedio.