Un indulto no tapa a otro

Los sucesivos gobiernos de España han concedido indultos a los condenados por una amplia variedad de delitos, incluso los que pueden despertar más aversión entre la ciudadanía, y su cifra no ha oscilado mucho en función de su color político. Esa gracia se encuentra en manos del Gobierno, antes del Rey , que puede ejecutarla con opacidad gracias a la ley de 1870 que la regula. Solo que ahora el ejercicio político está sometido a un escrutinio mayor por parte de la gente de a pie y de los medios de comunicación social, razón por la cual varios de los indultos impulsados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón han podido recibir fuertes críticas.

Así el perdón a Emilia Soria , que fue condenada a prisión por utilizar, hace casi seis años, una tarjeta de crédito que se encontró en el suelo para comprar comida y pañales para sus hijas pequeñas, aparece como una medida apropiada y reparadora, también para el ministro del gabinete de Mariano Rajoy . A pesar de que la ley ampara el secretismo en la concesión indultos, Gallardón tuvo que justificar su concesión al kamikaze Ramón Jorge Ríos el pasado mes de diciembre.

A la rebelión del cuerpo judicial contra esa decisión y el recordatorio de su compañero de Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz , en el sentido de que la política del Gobierno de España es la de no otorgar perdones a condenados por delitos contra la seguridad vial, se sumó en ese momento una intesa sospecha de tráfico de influencias. El subterfugio para tapar, además, la inadecuada coincidencia de que el abogado del indultado comparte bufete con su hijo no tuvo fortuna. Antes, los indultos a mossos y a condenados por el caso Treball habían provocado la réplica social y la de la abogacía, de forma contundente, por haber tortura en el dosier de los agentes.

Por eso, resulta díficil de entender que, siendo los condenados por delitos por tráfico de estupefacientes los que, de largo, más se benefician de esta gracia, el Ministerio de Justicia no movió un dedo para impedir que el extoxicómano David Reboredo ingresara en prisión recientemente. Será la sociedad la que deberá terciar si el indulto es un privilegio del pasado o, por el contrario, es un remedio acertado para ajustar algunas condenas sin que eso se convierta en un correctivo a las sentencias independientes de los tribunales. La decisión sobre los indultos no solo debe ser apropiada sino que, especialmente, debe parecerlo.