En apariencia se ha cerrado la crisis provocada por la publicación, que no filtración, de parte de los exámenes de Selectividad-EBAU y por error a cargo de alguien responsable en la Universidad de Extremadura.

Pese al error de dimensiones grandes, en un primer momento según esa institución se actuó con la rapidez posible, cambiando exámenes del día siguiente, buscando calificadores para no retrasar las notas y no perjudicar la carrera competitiva en que en estos días participan todos los años los aspirantes españoles a universitarios intentando entrar en tal o cual Facultad de esta u otra Universidad.

Se publicaron las notas, se dio opción voluntaria a exámenes, y ahí están sobre la mesa las dos dimisiones, una de un vicerrector que el consejo de estudiantes querría parar porque según ellos es el que mejor se ha comportado en este y otros casos.

El comunicado oficial de resolución del caso, en el que por fin se daban algunas explicaciones, como la confesión del error y las horas en que duró, además del dato de que desde el propio interior de la Universidad hubo una descarga de exámenes, decía en su punto penúltimo que se mantenía una «información reservada» para aclarar los hechos y «en su caso» depurar las responsabilidades disciplinarias si las hubiera.

Me fijo en dos cosas, en lo de en su caso, como si por la publicación de unos exámenes, por ponerlos en la carpeta equivocada, es posible que no hubiera responsabilidades de nadie -¿del maestro armero entonces?-, y por el descriptivo «información reservada» que suele equivaler al que cuanto más gente se entere de lo que ha pasado y lo que vamos a hacer, mejor.

Estamos cansados de tantas informaciones reservadas, tantas apertura de investigaciones y diligencias, expedientes informativos, etcétera, que supongo se llevarán a cabo, pero de cuyos resultados, ante la opinión pública, nunca más se supo. Recuerdo por ejemplo aquellas clases para empleados de ITV privadas en las que participaban personas de la Universidad.

No pido que tanta, porque el caso de la publicación de los exámenes la ha tenido en cantidades nacionales, pero sí una buena publicidad, de oficio y sin necesidad de que los periodistas nos estrellemos con llamadas telefónicas, desvíos, evasivas, promesas, cuando no la llamada o comunicación directamente se corta, se dé a la opinión pública sobre qué ocurrió, por qué, y qué consecuencias tiene.

Porque una de las que va a tener, en nuestro lado de bolsillo contribuyente, es pagar esos gastos añadidos que con toda justicia se les van a reintegrar a los estudiantes de Bachillerato a los que se obligó a nuevos viajes para repetir el examen. De acuerdo, parece inevitable siempre que al final se pague a escote entre todos, pero alguien, uno o varios, tendrá que asumir algún coste también; que por cierto para los representantes de los estudiantes universitarios es directamente el rector Segundo Píriz.

El cierre de semana ha sido jugoso. El extraño e increíble caso de la que iba a ser delegada del Gobierno en Extremadura, luego fue una segunda persona, y finalmente una tercera. La salida del nombre de la concejala cacereña Belén Fernández en los teletipos de agencias de noticias, y la rectificación final en beneficio de la directora general en la Junta Yolanda García Seco.

Y triste epílogo semanal, la muerte del periodista de esta casa, y de otras, como es Antonio Sánchez-Ocaña. Mientras su querida ciudad, Plasencia, andaba en ferias con el calor acostumbrado, él se dejaba la vida prematuramente descansando en su también apreciada playa de Huelva. Hasta siempre Antonio, gracias por tu amistad y elegancia, por tu exquisitez en el trato y lujo a la hora de manejar la pluma periodística cuando este oficio de prisas te lo permitía. Persona leída, y compañero al que con gusto se leía.