El Consejo de Ministros acaba de aprobar una de las medidas más esperadas de las contenidas en el programa del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: el ingreso mínimo vital. Esta prestación, inédita en la historia de España, se preveía aprobarla e implantarla poco a poco durante los cuatro años de legislatura, pero la crisis económica y social provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que se acelerara su puesta en marcha porque cada vez era más urgente y necesaria. Pese a alguna pugna entre los dos sectores del Gobierno, se ha aprobado con diligencia y con la suficiente reflexión para que se convierta en una buena medida estructural de lucha contra la pobreza.

España era prácticamente el único país de la Unión Europea (UE) que aún no disponía de un ingreso mínimo vital de ámbito estatal. Sí lo tenían las comunidades autónomas, pero con una cuantía baja, una extensión limitada (unos 300.000 beneficiarios en total) y grandes desigualdades entre ellas, dándose el caso de que mientras en el País Vasco un 70% de los posibles aspirantes lo ingresaba, el porcentaje no pasaba del 2% en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Ahora, se calcula que tendrán derecho a la prestación 850.000 familias, con lo que podrán salir de la situación de pobreza unos 2,3 millones de personas. La pobreza en España, cuarta economía de la UE, alcanza cifras desproporcionadas: 12,3 millones (el 26,1% de la población) están en riesgo de pobreza o exclusión social, la séptima tasa de pobreza más alta de la UE, mientras que la pobreza más grave se eleva al 12,4% cuando la media de la UE es del 6,9%.

No hace falta dar más cifras para ver que «este nuevo derecho social», como lo ha llamado Pablo Iglesias, era ineludible. Será aplicable desde el 1 de junio, con carácter retroactivo desde esa fecha si se accede más adelante, con una cuantía que irá desde 462 euros mensuales (por una persona) hasta 1.015 euros (para una unidad familiar de cinco miembros) y compatible con las rentas mínimas existentes en las comunidades autónomas, que podrán mantener sus actuales prestaciones con fondos propios. La idea es que todos los españoles que merezcan la prestación sean atendidos por igual y que después las autonomías decidan si aumentan la cuantía o la integran en la estatal. Esta compatibilidad es lógica, así como la que permite compartir el ingreso mínimo vital con un trabajo.