WCw on la llegada del crucero ´Sinfonía´ a los puertos de Cádiz, Tenerife y Valencia se han podido ver estos días unas imágenes que todos tenemos en la memoria y que nos hacen pensar, por ejemplo, en películas como ´América, América´ o en tantos otros filmes en los que cientos de emigrados viajaban en las bodegas de un barco, bajo duras condiciones, para acabar atracando en el paraíso por ellos soñado. La gran diferencia es que estos 82 bolivianos no son polizones ni han cruzado el Atlántico embutidos en pateras, sino que han pagado entre 1.500 y 3.000 euros por un billete para disfrutar del trayecto, como los turistas que les acompañaban en la travesía desde Fortaleza (Brasil) a España.

Las crónicas periodísticas han contado que la naturaleza inmigrante de este grupo de bolivianos se ha dejado notar en la propia travesía, muy lejos aún de los puertos españoles de destino, pues mientras unos pasajaros --los verdaderos turistas-- paseaban por restaurantes y bares, o se relajaban en piscinas, yacusis y gimnasios, los otros --los ciudadanos bolivianos enrolados en esta singular aventura-- salían subrepticiamente para hacerse con algunos restos de la comida de los comedores o se encerraban en sus camarotes, a la espera de alcanzar la primera finalidad por la cual habían iniciado esta travesía: ver tierra española y abrazarse con sus familiares.

Al final, las autoridades españolas de inmigración han impedido tal reencuentro, porque sospechaban de su condición de "turistas" y temían que, por la inusitada e imaginativa vía del lujo, se adentraran en territorio europeo sin los correspondientes permisos.

Juegan, en esta historia, al menos dos factores. La creciente implicación de España en su condición de vigilante de las fronteras comunitarias y la necesidad moral de dar a esos ciudadanos un trato más humanitario, aumentada si se recuerdan las escenas de desgarro emocional vividas en Valencia.

España comunicó a Bolivia que suspendía temporalmente, a partir de mañana domingo, la aplicación del acuerdo según el cual, y desde hace 45 años, se suprimían los visados entre ambos países. El acuerdo podía ser denunciado en virtud de alteraciones del orden público apreciadas por una de las partes. Hoy, esas alteraciones se llaman derecho comunitario y reglamentos de la Comisión Europea, en forma de freno a los inmigrantes irregulares.

Pero no es descabellado demandar que a la fidelidad a los principios pactados y desarrollados en el marco europeo tendría que contraponerse la especial sensibilidad con la que España debe afrontar su relación con los países de Hispanoamérica. Compaginar el deber legal con un cierto imperativo moral debería servir para evitar situaciones tan desgraciadas, extrañas y sorprendentes como el frustrado desembarco de esta ´Sinfonía´ desafinada en nuestras costas.