WLw a morosidad, un cáncer de la economía en épocas de crisis como la que azota en la actualidad, no solamente crece por el aumento del paro --aquel trabajador que pierde el empleo y no puede hacer frente a los recibos mensuales de su hipoteca-- y por las suspensiones de pagos de las empresas en crisis. Un informe publicado ayer por este diario mostraba la cruda realidad de que el sector público, el Estado, es un gran moroso, el mayor del país.

Muchas empresas, grandes y pequeñas, se ven asfixiadas por el retraso en los pagos de ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos de la Administración central. Se trata de una grave deficiencia que también contribuye a la destrucción de empleo.

La protesta extrema hace una semana de un empresario que estaba dispuesto a quemarse vivo como último pataleo por el impago de 450.000 euros que desde hace años le adeuda el Ayuntamiento de Loeches (Madrid) ha servido para poner el punto de mira en ese lamentable fenómeno: mientras el Gobierno aprieta, retóricamente, a la banca para que dé más crédito a las familias y las pequeñas y medianas empresas, es la propia Administración la que ahoga a empresarios, autónomos, en muchos casos.

Evidentemente, ni los ayuntamientos --los más morosos--, ni las comunidades autónomas aplazan sus pagos por simple capricho. Lo hacen porque reciben del Estado una financiación insuficiente y porque, en muchas ocasiones, se embarcan en obras para las que no tienen recursos suficientes.

En cualquier caso, el Gobierno de la nación, pero también los autonómicos y los municipales, de todos los colores políticos, deben ponerse inmediatamente manos a la obra para frenar esta sangría. Para ello hace falta un nuevo sistema de financiación y unas políticas de inversiones más realistas.

Es insostenible que los ayuntamientos españoles acumulen una deuda de 2.100 millones de euros a las grandes empresas de limpieza pública, o que las comunidades autónomas deban 1.700 millones de euros a las compañías que se dedican a la tecnología sanitaria. Un país eficiente no puede permitirse semejantes niveles de impagos. Lo saben muy bien muchos empresarios que hasta ahora podían fácilmente buscar financiación en los bancos con la garantía de que tenían pendientes pagos por obras y servicios municipales, y que ahora ven esa vía cerrada.

Si el plan estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para combatir el paro es la inversión en obras de ayuntamientos por 8.000 millones de euros, es indispensable que las empresas cobren puntualmente por esos trabajos.