WLw a entrevista entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición se celebró ayer en un momento que parecía más propicio que ningún otro para alcanzar algún tipo de acuerdo. El llamado proceso de paz atraviesa, en efecto, un trance delicado, y resultaba lógico esperar que la brecha que a causa de él se había abierto entre los dos líderes políticos comenzara a cerrarse. Sin embargo, todo da a entender que lo único que la reunión ha conseguido es poner de manifiesto la distancia que los separa. La misma brevedad del encuentro, así como la localización partidista que Rajoy eligió para dar cuenta de sus resultados, parecieron diseñadas para que la opinión pública percibiera que los desacuerdos se mantienen e incluso se ahondan. Rajoy había explicitado sus condiciones para el entendimiento antes incluso de acudir a la reunión. A la salida, negó además que, en torno a ellas, hubiera recibido, por parte del presidente, certidumbre o compromiso alguno. Las cosas siguen hoy, por tanto, como estaban anteayer. El presidente Zapatero tendrá que afrontar el proceso con los mismos socios con que ya contaba.

Las condiciones que plantea el PP podrían no ser, en principio, inasumibles para el Gobierno. Renunciar al diálogo con ETA mientras siga habiendo violencia callejera; no proceder a la legalización de Batasuna mientras ETA no se disuelva, y negarse a formar una mesa de partidos, en la que se incluya a Batasuna, para abordar asuntos políticos. Se trata de condiciones sobre las que resultaban posibles tanto el debate como la transacción. Así, la primera no es otra que la que se incluye en la propia resolución del Congreso, de 17 de mayo del 2005, en la que se fijaron los límites para el final dialogado de la violencia. Es, por tanto, aceptable que, sin una voluntad claramente manifestada por parte de ETA de poner fin a la violencia, no puedan iniciarse procesos de diálogo entre el Gobierno y la banda. Pero sería llevar las cosas a un extremo inasumible prohibir al Gobierno que, en una situación de alto el fuego permanente como esta en que nos encontramos, mantenga contactos discretos para sondear si tal voluntad existe o para intentar promoverla.

En cuanto a la legalización de Batasuna, no parece aceptable imponer condiciones que vayan más allá de las que impone la ley de partidos. Y esa de la disolución previa de ETA no está contemplada en la ley. Caben, por tanto, posibilidades para la legalización de una representación de la izquierda aberzale si se quiere dar cauce de solución a este problema.

Finalmente, la creación de foros extraparlamentarios en los que los partidos puedan debatir y alcanzar acuerdos es práctica común en cualquier sistema democrático. Nada hay que pueda objetarse a la constitución en Euskadi de una mesa de partidos al margen del Parlamento con el fin de que aquellos contrasten pareceres y alcancen acuerdos. Y nada habría tampoco que pudiera objetarse a la inclusión en ella de una formación que, una vez legalizada y desvinculada de la violencia, representara el sentir de la izquierda aberzale. Otra cosa es que, si los acuerdos pretendieran alcanzar rango normativo, tendrían que verse confirmados en las instituciones según los oportunos cauces.

Aunque el acuerdo parecía factible, no se produjo en la reunión de ayer. Lo cual da a entender que la verdadera discrepancia se encuentra en otro lugar y tiene que ver con la opción que cada uno de los interlocutores tenía tomada de antemano de, o bien proceder a propiciar una salida dialogada de la violencia, o bien alcanzar la total derrota del terrorismo por la vía policial y judicial. No parece haber término medio.