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Extremadura desde el Foro

De Interés Regional (por un rato)

Pudiera ser que los PIR, como instrumentos legislativos, no sean esencialmente perversos

 

Existe una máxima en nuestro sistema penal, «sin cadáver, no hay delito», que sin ser norma se ha asentado con la firmeza del arraigo de la costumbre asumida. De hecho, son pocos los juzgadores que, valientes, se atreven a seguir adelante con el único apoyo de los indicios, sin la muleta de las pruebas físicas. Algo así debía estar pensando Fernández Vara cuando, interpelado por Valdecañas, despachó las novedades del asunto con una cansada referencia a la ‘cosa juzgada’. Visto para sentencia (para derribo, más bien). Para qué seguir con la agonía de declaraciones, sentencias y recursos. Muerto el perro, acabaría la rabia. Así de sencillo.

Por descontado, no puede ser que un problema de compleja naturaleza se despache tan desenvueltamente. Máxime teniendo en cuenta que el origen de este embrollo es la administración pública. Más concretamente, la Junta de Extremadura. Y, siendo escrupulosos, cabe la puntualización: de la administración socialista que alumbró la norma del interés regional urbanístico. Los denominados PIR. Estos proyectos de interés regional no son exclusivos de Extremadura, podemos fácilmente encontrar figuras similares en Aragón, Castilla La Mancha o Castilla y León. Se trataba de conceder y concentrar mayor capacidad en el poder autonómico frente al municipal, en materia urbanística y de ordenación (en discutible confusión). La cortapisa legal es el interés regional. Y, con ese amplio y pretendidamente irrefutable paraguas, se materializa un instrumento normativo (el “PIR”) que se impone al resto de normas aplicables (y a las competencias municipales). Por supuesto, el interés regional exige ser prácticos: estos proyectos cuentan con prioridad para ser tramitados por vía de urgencia y sin casi limitación en su finalidad, ya que en su uso caben desde la creación de infraestructuras hasta la dinamización turística.

Pudiera ser que los PIR, como instrumentos legislativos, no sean esencialmente perversos (aunque, como vengo defendiendo desde hace años, me parecen cercanos a una ‘ofuscación’ jurídica). Incluso asumiendo que no fueran una anomalía en la teoría, su ejecución se ha demostrado desastrosa y alejada de cualquier pretensión de interés general. Porque, supongo, hasta esta línea los términos utilizados tienen regusto a jerga legal, pero es difícil no ver que hablamos de un mecanismo económico. Puramente económico.

Qué mejor que usar un ejemplo, y qué a mano nos queda la isla de Valdecañas. La Junta tramitó en 2007 un PIR que convertía a Valdecañas, zona especialmente protegida y parte de la Red Natura 2000 (por tanto, ‘preservada’ por ley estatal), en un resort vía recalificación urbanística exprés. Dado que los PIR conceden amplios poderes a la Junta y a los actores privados que actúan bajo su marco, se avanzó en su construcción. Estando prácticamente terminada, el recurso de los ecologistas al Tribunal Superior de Justicia terminó en la anulación del PIR. Desde ahí, una larga batalla jurídica que ha culminado en una sentencia de derribo, pendiente de ejecución. Con toda la inversión realizada y la actuación en funcionamiento. No ha sido siquiera el único revolcón de los PIR, ya que en 2009 el mismo tribunal autonómico anuló el PIR de la Data en Plasencia por «invasión de competencias municipales».

En realidad, estamos en un terreno muy conocido de los poderes públicos. Aquel en el que entienden sus capacidades discrecionales como una invitación para hacer a conveniencia. Es difícil fijar medidas a 15 o 20 años vista, claro. Pero cualquier político debiera saber que también es gestor público y dejar de lado la arbitrariedad de tomar decisiones por su interés personal. O, al menos, de no tener la desfachatez de disfrazarlo de interés público. Lo de Valdecañas es un disparate. Primero, porque se venía venir y porque la administración socialista miró sólo el rédito electoral (como en Cerro Gordo en Badajoz, o en Los Viñazos moralos) sin importar el coste.

Pero es que ahora hay que derribar Valdecañas, lo que no servirá para restituir el estado originario y sí cuenta con el riesgo de provocar severas pérdidas económicas a la población del área. Alguien tendría que cuantificar los altos (y dobles) costes públicos de la factura de este ‘interés regional’.Pero ahí tienen a Vara, cómodo en la piel del verdugo. Qué pase el trago. Total, su interés no durará tanto.

 
 
2 Comentarios
02

Por Tosapla 9:52 - 19.04.2019

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Por lo que parece aquí no cabe aquello de "fuenteovejuna señor", aquí hay politicos responsables, con nombres y apellidos, pues que lo paguen con su peculio y lo que falte, pues "a la sobra" por el tiempo que sea de lugar. No puede ser que barbaridades como la desaparicion de lo acumulado por los trabajadores mediante cuotas finalistas, el "nucleares no, gracias" o los 50 ó 60 millones de euros tirados por el campo del supuesto abastecimiento de aguas a Caceres, queden iompunes.

01

Por extremeñolibrepensador 8:44 - 19.04.2019

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Como ciudadano espero que sean los políticos s que a sabiendas de la ilegalidad lo. Con sintieron y animaron a que lo paguen de su bolsillo, ¿esto no es prevaricación?